La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya cuenta con candidata oficial a la dirección. Se trata de Amelia Pérez Parra, abogada de la Universidad Libre y hasta hace poco ternada para la Fiscalía General de la Nación.
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La hoja de vida de la abogada aún no está publicada en la página web de aspirantes de la Presidencia, un trámite que debe surtir con el fin de garantizar la transparencia en su proceso de vinculación, de acuerdo con las directivas.
Según el currículo que reposa en la Corte Suprema de Justicia, Pérez cuenta con una especialización en criminología y derecho penal y comenzó su carrera como fiscal regional delegada ante los jueces regionales. También fue fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y fiscal especializada en la Unidad de Terrorismo delegado ante los Jueces Especializados.
Ha trabajado como contratista para la Alcaldía de Bogotá en diferentes momentos y en la rama judicial ha fungido como juez de instrucción criminal, juez penal municipal, juez promiscuo de menores y juez promiscuo municipal.
La SAE es la una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que administra, gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas.
Tras la salida del economista José Daniel Rojas, quien se retiró hace cuatro meses para ocupar la cabeza del Ministerio de Educación, quedó encargado de la presidencia el abogado Sebastián Caballero, quien ocupaba la vicepresidencia jurídica de la entidad.
Pérez renunció voluntariamente a la terna para fiscal el mismo día de la votación en la Corte Suprema de Justicia tras una serie de cuestionamientos hechos en la instancia judicial por las opiniones expresadas por su esposo, el abogado Gregorio Oviedo, en redes sociales.
Inicialmente, el Gobierno anunció que a la presidencia de la SAE llegaría el exviceministro del Interior Diego Cancino. Sin embargo, el proceso oficial nunca se concretó porque Cancino fue señalado de acoso sexual por varias mujeres, lo cual fue de conocimiento de la opinión pública.
“Nunca salió un decreto nombrándolo. Lo único que hubo fue una publicación de una hoja de vida”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a mediados de noviembre.