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La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas) expresó su preocupación ante el impacto económico y la incertidumbre que enfrentan las compañías distribuidoras del Gas Licuado de Petróleo (gas GLP) en Colombia, provocada por los retrasos en el reembolso de los subsidios.
De acuerdo con el gremio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro adeuda estos recursos que son dirigidos al consumo del gas GLP en los estratos 1 y 2, que actualmente superan los $44.000 millones, solo para el gas GLP en cilindros, sin contar los valores adeudados por concepto de GLP por redes.
“Esta situación pone en riesgo la estabilidad de las empresas distribuidoras y compromete la continuidad en el suministro de este servicio esencial, del cual dependen millones de hogares en el país”, indicó el gremio.
Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, los servicios públicos en Colombia están sujetos a un régimen de subsidios diseñado para aliviar la carga económica de los usuarios de menores ingresos, particularmente aquellos pertenecientes a los estratos 1 y 2.
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Estos subsidios se aplican como descuentos en la factura final del consumidor y, en primera instancia, son asumidos por las empresas proveedoras del servicio. Sin embargo, dichas empresas deben recibir posteriormente el reembolso de estos recursos por parte del gobierno.
No obstante, actualmente se experimentan rezagos significativos en el pago de estos subsidios a las empresas que proveen gas GLP tanto en cilindros como en redes (este combustible también se distribuye a través de redes similares a las del gas natural).
Esta situación impacta directamente la liquidez y estabilidad financiera de las compañías involucradas, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio que ofrecen, aseguró Agremgas.
Ante esta problemática, la Asociación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se tomen medidas que permitan garantizar un suministro adecuado y sostenible del gas GLP a las familias colombianas de más bajos recursos.
Millonaria deuda del Gobierno Petro con empresas de gas GLP en cilindros
En los departamentos de Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, San Andrés y Providencia y en los municipios del Macizo Colombiano, los usuarios de estratos 1 y 2, así como las comunidades indígenas, tienen derecho a subsidios en el consumo de gas GLP.
Este beneficio permite un descuento de hasta el 50 % en el valor del cilindro para los usuarios de estrato 1 y comunidades indígenas, y de hasta el 40 % para aquellos pertenecientes al estrato 2.
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Según Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas, a la fecha, a las empresas distribuidoras de gas GLP en cilindros el Gobierno Nacional les adeuda más de $44.000 millones, por concepto de subsidios, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2024, ya liquidados, pero no girados por el Ministerio de Minas y Energía.
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Y, adicionalmente, los subsidios de noviembre y diciembre, estimados en $16.000 millones, aún no han sido liquidados.
“Además, nos preocupa que el rubro ‘Distribución de Recursos al Consumo de Cilindros y Proyectos de Infraestructura de GLP Nacional’ que, usualmente, se incluye en el presupuesto anual, no fue incluido para la vigencia 2025”, señaló la líder gremial.
Y agregó que “entendemos que desde el Ministerio de Minas y Energía se está gestionando esta situación, pero para el sector no es claro si es una señal de eliminación de los subsidios por parte del Gobierno”.
Déficit en presupuesto para subsidios del gas GLP por redes
El GLP no solo llega a las comunidades a través de cilindros, como es comúnmente conocido, sino que también se distribuye mediante redes similares a las del gas natural.
Este sistema garantiza un suministro continuo y seguro, beneficiando tanto a hogares como a actividades comerciales.
Los subsidios al consumo para los usuarios de gas combustible por redes (que incluye el gas natural y GLP distribuido por redes) es de hasta el 50% de la factura para el estrato 1 y del 40 % de la factura para el estrato 2.
En el caso del GLP distribuido por redes, que beneficia a 300.000 de usuarios, el panorama es igualmente preocupante.
Aunque el Ministerio de Minas y Energía ha liquidado los subsidios del primer y segundo trimestre de 2024 y parte del tercero, solo se ha pagado un 33 % del total liquidado, dejando rezagos de casi un año en los pagos pendientes.
Así las cosas, para 2025, se estima que el presupuesto destinado a subsidios es de $839.000 millones, mientras que las necesidades anuales superan los $1,16 billones, generando un déficit proyectado de $320.000 millones.
Lo que pone en riesgo no solo la sostenibilidad de las empresas, sino también el acceso a un servicio básico para los usuarios más vulnerables. “Frente al panorama actual nos preocupan dos aspectos fundamentales», afirma Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas.
Añadió que «el presupuesto asignado no sea suficiente para cubrir el valor total de los subsidios destinados a los usuarios, lo que obliga a las empresas a financiar con sus propios recursos un monto que debería ser asumido por el Estado, afectando gravemente su estabilidad financiera”.
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En segundo lugar, expuso que los pagos no se realizan dentro de los plazos establecidos por el reglamento del Ministerio de Minas y Energía, “el cual estipula un retraso máximo de tres meses, cuando en la realidad estamos enfrentando demoras de hasta un año en la entrega de estos recursos”.
Y recordó que el sector del gas GLP ha sido clave para garantizar un suministro energético seguro y accesible en Colombia, registrando un incremento del 127 % en el número de usuarios de GLP por redes en los últimos cuatro años.
“Por eso, el llamado al Gobierno Nacional es esencial para proteger este crecimiento y garantizar que las familias colombianas continúen recibiendo este servicio de manera ininterrumpida”, concluyó Vélez.