Algunos de los precandidatos presidenciales de Colombia se dirigieron a los comerciantes del país y dieron a conocer iniciativas en materia de política económica de cara a la campaña que culminará en 2022.
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático; Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín; Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; y Alejando Gaviria, exministro de Salud, dieron a conocer sus posturas en materia de productividad y necesidades entorno a la reactivación económica.
De un lado, Paloma Valencia, precandidata por el Centro Democrático, aseguró que la mayor política económica debe irse por la generación del empleo.
“El modelo que uno quisiera para Colombia debe tener en cuenta al sector productivo como ejecutor de proyectos y generador de puestos formales de trabajo”, dijo la precandidata.
Una primera propuesta, de acuerdo con Valencia, tiene en cuenta que la declaración de renta sea del 0 % para las empresas pequeñas.
A su turno, Alejandro Gaviria aseguró que el desarrollo económico debe ser una suerte de encuentros entre el libre desarrollo del sector privado y un control eficaz desde el Estado.
“Siempre he entendido el papel del sector privado como desarrollo. El sector privado da empleo y bienestar. Defiendo la intervención del Estado cuando hay prácticas oligopólicas y cuando se vulneran las condiciones de competencia”, añadió Alejandro Gaviria.
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Federico Gutiérrez justamente aseguró en ese sentido que el intervencionismo debe ser posible siempre y cuando también se propenda por mejorar la política social.
“Podemos tener un modelo económico que crezca a medida que crece el fortalecimiento social. Colombia tiene un crecimiento estable y eso es lo que hay que cuidar. No se puede poner en riesgo el crecimiento social”, puntualizó Federico Gutiérrez.
Para Gutiérrez el objetivo está entonces en trabajar en reformas como la flexibilidad laboral para que se puedan crear más puestos de trabajo formales.
Finalmente, Sergio Fajardo explicó que el crecimiento de Colombia debe ir jalonado por encontrar puntos en común entre empresas y sector público.
“Creo en la generación de riqueza, en el crecimiento empresarial; pero el Estado debe saber intervenir cuando hay fallas de mercado y cuando hay problemáticas profundas sociales”, agregó Fajardo.
¿Qué se piensa en materia de empleo?
Los precandidatos también se refirieron a la urgencia por mejorar el indicador de desempleo en Colombia, que bajó al 12,3 % en agosto.
En este punto, el debate giró sobre las propuestas de Fenalco que se han lanzando para una eventual reforma laboral: flexibilizar la contratación, crear un salario integral para contratar por horas y reducir los costos por generar puestos formales.
Sobre este punto, Alejandro Gaviria hizo un primer llamado de atención: hay que llegar a agosto de 2022 con una suerte de legitimidad ante el Congreso de la República.
“Un salario mínimo por regiones no cumple con la condición de legitimidad y es difícil de llevar a la práctica. La de la flexibilidad de contratar me gusta más, cuidando que el empleo no se vuelva precario”, añadió Gaviria.
Para el precandidato una necesidad urgente es entregar políticas públicas para contratar a más mujeres, población más golpeada durante la pandemia.
Así mismo, Fajardo suscribió la idea de que la generación de empleo es política central en la fase de la postpandemia.
“Ahora, tenemos que eliminar la idea de que con una ley se soluciona el problema. Necesitamos un acuerdo entre todos. Vamos entonces a trabajar en las regiones”, explicó Fajardo.
En contrapeso, Gutiérrez dijo que el diálogo debe ir paralelo mientras se hace una reforma laboral que reduzca costos de contratación y se piense en un empleo por horas.
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“Debe sí o sí haber una diferencia de condiciones salariales por región. Este país es muy diverso y por eso mismo necesita de distintas políticas públicas laborales. Hay que dar la pelea por estas reformas cuidando al empleador y al trabajador”, explicó Gutiérrez.
Finalmente, la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, llamó la atención en el hecho de que más de la mitad de los colombianos no tengan un salario mínimo garantizado.
“Colombia no puede seguir olvidando por fuera al 50 % de la población. Las condiciones hay que separarlas, no se puede descartar un salario mínimo diferenciado por regiones”, concluyó Valencia.
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