Desde que el presidente, Gustavo Petro, confirmó que el incremento del salario mínimo para 2025 se haría por decreto y que sería del 9,54 %, la gran mayoría de los analistas económicos han criticado la decisión y advertido consecuencias en la economía.
Pero, ¿qué relación tiene el hecho de que los trabajadores tengan un mayor ingreso con una posible desmejora en los indicadores que dan cuenta del buen estado de la economía, como la inflación y el desempleo?
En primer lugar, en Colombia hay 23,6 millones de personas que le reportaron al DANE tener alguna ocupación (tienen un trabajo o destinaron al menos una hora de la semana en la que se hace la encuesta a una actividad laboral). Sin embargo, solo 3,7 millones de trabajadores (16,5 % del total) reciben un salario mínimo mensual como remuneración.
Mientras estos 3,7 millones de trabajadores formales recibirán $1.423.500, más $200.000 de auxilio de transporte, hay 10,15 millones de personas, el 45,2 % de los ocupados, que no reciben ni siquiera un salario mínimo porque no están contratados formalmente, en consecuencia, no cuentan con seguridad social.
Según el centro de investigaciones económicas ANIF, paradójicamente el salario mínimo desconoce a la mayoría de los trabajadores, que están en la informalidad, y profundiza los desafíos estructurales del mercado laboral colombiano, pues impone una mayor carga de costos laborales a las empresas más pequeñas.
Además, el salario mínimo legal incluye una serie de prestaciones sociales obligatorias y aportes adicionales que le implican a un empleador un gasto mensual de $2.417.511, 76 % más de lo que recibe el trabajador. Con un salario mínimo muy alto se corre el riesgo de que las empresas reduzcan la nómina o negocien con los empleados al margen de la formalidad.
De hecho, el 80 % del empleo en Colombia se concentra en micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas informales. “Aunque el salario mínimo es crucial, su impacto directo no abarca a todos los ingresos y puede limitar la formalización empresarial. Además, afecta los costos de servicios intensivos en mano de obra”, advirtió el equipo de economistas de Scotiabank Colpatria.
El DANE reportó a lo largo de este año que una de las razones por las cuales la inflación de los servicios públicos se mantuvo tan alta, mientras bajaba en otros rubros, fue porque los salarios de los trabajadores fueron 9,2 % más altos todo el año por cuenta de la variación del IPC en 2023.
El riesgo de que se incrementen los precios, para todos
Hasta hace muy poco la mayoría de los incrementos en los bienes y servicios, incluso en las multas, se ajustaban año a año en línea con el cambio del salario mínimo. Esto terminaba por castigar a quienes no veían el mismo incremento en sus ingresos, pues a los trabajadores que ganan más de un salario mínimo sus empleadores pueden aumentarles en diferentes proporciones o incluso no aumentarles nada.
Desde 2019, el Gobierno incluyó en los temas de la mesa de concertación de políticas salariales la indexación de cientos de rubros al salario mínimo, es decir, el ajuste al alza de su valor cada año, basados en el incremento que se definió para el mínimo que, por ley, siempre estará por encima de la inflación.
Aunque se han desindexado más de 180 gastos tan importantes como las cuotas moderadoras en las EPS, las multas de tránsito y el precio del SOAT, aún hay decenas de bienes y artículos cuyos precios se incrementan con base al salario mínimo porque son necesarios una serie de cambios legislativos para desindexarlos, según el Ministerio de Trabajo.
Proteger la capacidad de compra
Uno de los argumentos a favor del aumento del salario mínimo es que se debe mantener el poder adquisitivo de los trabajadores porque con mayor capacidad de compra se incentiva el gasto de los hogares y, por ende, se apoya la reactivación de la economía. En realidad, se trata de un delicado equilibrio que no responde a lógicas básicas.
El presidente de Raddar Consumer, Camilo Herrera, estimó que hay una relación negativa entre el crecimiento del gasto de los hogares y la inflación, pues cuando suben los precios las personas aplazan sus decisiones de compra. Por el contrario, en los periodos en los que aumenta el empleo y hay más personas ocupadas el gasto se dispara.
Fuente: Raddar.
De hecho, hay una clara relación negativa entre el crecimiento del gasto de los hogares y el salario mínimo, tanto con el efecto de la inflación como sin él. “Un aumento del salario mínimo real no genera más gasto de los hogares, incluso lo frena y no acelera a creación de empleo”, concluyó Herrera.
Para que no se sientan estos efectos se determinó por ley que el salario mínimo no podría estar por debajo de la inflación y se definió una fórmula que suma la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a la productividad laboral, es decir, mide qué tan eficiente es la combinación de recursos como trabajo humano para generar bienes y servicios. Bajo este cálculo el Banco de la República sugirió un aumento del 6,3 %.
Por su parte, el grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá estimó que debía ser del 7,7 % para no generar presiones alcistas en la inflación, dado el fenómeno de indexación. Pero, al final del día, la definición del salario mínimo es también una decisión política, de hecho, el Gobierno la tomó de forma unilateral.
ANIF destacó que, aunque el salario mínimo se constituyó como un mecanismo para garantizar condiciones laborales justas, este ha crecido consistentemente por encima de la inflación y la productividad, influenciado por factores políticos más allá de lo técnico.
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