La Contraloría General de la República (CGR) de Colombia profirió fallos con responsabilidad fiscal por $1.338 millones, por pérdida de recursos de Bioenergy S.A. (hoy SAS) y Ecopetrol.
El primer fallo con responsabilidad fiscal corresponde a la suma indexada de $1.029 millones, por la pérdida de recursos públicos que se dio a raíz de irregularidades presentadas en la ejecución de ocho contratos de arrendamiento de predios, suscritos por Bioenergy S.A (hoy Bioenergy SAS) entre 2013 a 2015.
Sin que los terrenos fueran utilizados para el cultivo de caña de azúcar destinada para el suministro de la planta de producción de etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta, que era el único fin de los negocios jurídicos.
El daño patrimonial, por $1.029 millones, corresponde al pago de cánones de arrendamiento de los predios no utilizados.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que profirió esta decisión, determinó la ocurrencia de varias irregularidades, como:
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- Falta de planeación, que generó demora injustificada en la entrega de los predios objeto de los contratos de arrendamiento a Riopaila
- Ausencia de procedimientos de entrega de los predios objeto de los contratos de arrendamiento
- Y no utilización de los predios arrendados para el objeto contratado, que era la siembra de caña de azúcar
La CGR declaró responsables fiscales a siete directivos de Bioenergy S.A:
1. Aleck Remberto Santamaría, en calidad de representante legal y gerente de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS)
2. Claudia Castellanos Rodríguez, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS)
3. María Cristina Gloria Inés Cortes Arango, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS)
4. Juan Felipe Munera Yepes, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS)
5. María Elena Velásquez Restrepo (Q.E.P.D), en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A.
6. Myungho Lee, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS)
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7. Andre Marques Valio, en calidad de Gerente Agrícola de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS)
8. Iván Darío Castro León, en calidad de supervisor en los contratos
Y en otro proceso, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción profirió fallo con responsabilidad fiscal por algo más de $309 millones ($309’131.328) por la pérdida de recursos públicos, con ocasión de las irregularidades presentadas en la planeación, suscripción, ejecución y terminación del contrato de arrendamiento No. 026-2012 del predio “El Corozalito”, suscrito por Bioenergy S.A (hoy SAS).
En este caso se pagaron arrendamientos y clausula penal, por terminación injustificada del contrato, sin que los terrenos fueran utilizados para el cultivo de caña de azúcar, que era el único fin pretendido con el negocio jurídico.
Se verificó la ocurrencia de irregularidades como falta de planeación, que conllevó a que se contratara un predio no apto para el cultivo de caña de azúcar, lo mismo que ausencia de control y seguimiento durante la ejecución del contrato.
Fue así como se pagaron tres años y dos meses de cánones de arrendamiento y cláusula penal, por la terminación sin justa causa del contrato, por un predio en el que no se efectúo el cultivo y siembra de caña de azúcar, que era el único fin pretendido por el negocio.
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Por estos hechos, fueron declarados Responsables Fiscales:
- Miguel Ángel Ramírez Herrera, Representante Legal de Bioenergy S.A., hoy Bioenergy SAS en liquidación, quien suscribió el contrato de arrendamiento No. 026 de 2012
- Andre Marques Valio, gerente Agrícola de Bioenergy S.A., hoy Bioenergy SAS en liquidación
- Jesús Hernando Galvis Quintero, gestor y/o supervisor del contrato No. 026 de 2012
- Y se falló sin responsabilidad fiscal en favor de Iván Darío Castro León.
