El Ministerio de Salud salió al paso de las críticas por el incremento del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado destina a las EPS por la atención de cada paciente.
Durante una rueda de prensa, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo justificó la medida argumentando inconsistencias en los datos proporcionados por las EPS, lo que impidió asignar un valor distinto.
Jaramillo explicó que el incremento consideró la inflación a noviembre de 2024, así como la actualización de servicios y tecnologías en salud, cumpliendo con la normativa vigente.
«La información de 15 EPS mostró un aumento del 27 % en registros y del 30 % en valores, cifras que no coincidían con los históricos. Además, las EPS del régimen subsidiado no entregaron datos suficientes», señaló.
El ministro señaló que los problemas con los datos se deben a la ausencia de reportes por falta de cierre financiero, incrementos en las reservas técnicas, cobros realizados en nombre de personas fallecidas y discrepancias entre la información presentada a la Superintendencia de Salud y la entregada en la mesa técnica destinada al cálculo de la UPC.
No obstante, el ministro aseguró que el Gobierno está dispuesto a abrir mesas de diálogo técnico para reevaluar el cálculo de la UPC. Según un informe de la Adres, existe una diferencia del 11,61 % en los costos de suficiencia reportados por ocho EPS seleccionadas, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos.
Jaramillo también expresó su preocupación sobre la sostenibilidad del sistema: «Nos preocupa lo que está ocurriendo con los recursos. ¿De dónde saldrá el dinero? Una posible solución sería que los empresarios retomen los aportes patronales a la salud». Asimismo, indicó que buscarán apoyo de la DIAN para verificar la información de las aseguradoras y calcular el valor adecuado de la UPC.
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Llamado de la Procuraduría y alerta gremial
Mientras tanto, la Procuraduría instó al Ministerio de Salud a entregar datos claros sobre el cálculo de la UPC, enfatizando la necesidad de transparencia en este proceso.
Por su parte, diversos gremios como la Andi, Anif y Afidro han señalado que el sistema de salud enfrenta una crisis financiera derivada del bajo incremento de la UPC. Según la Andi, la deuda proyectada para el sector en 2025 podría ascender a $10,4 billones.
“Esta medida aumenta la incertidumbre para la operación del sector salud, además de representar una amenaza tangible para la garantía de los derechos fundamentales de los pacientes, especialmente aquellos con protección constitucional reforzada”, expresó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
