El ministro de Hacienda del gobierno Petro, Diego Guevara, dio a conocer nuevos detalles sobre lo que pasaría con las plataformas de apuestas en línea en Colombia, en el marco del documento que busca recoger nuevos ingresos tributarios en medio del estado de conmoción interior.
Según el ejecutivo, el decreto lo que pretende es seguir revisando las opciones tributarias del país para mejorar y aumentar el recaudo en momentos en alta presión fiscal.
Dice Guevara que, en ese sentido, se están revisando todas las operaciones de las plataformas de apuestas en línea en Colombia, que vienen siendo uno de los jugadores de la economía nacional con más ingresos.
A ojos del funcionario, desde allí se revisan los cambios sobre el sistema tributario que podrán implementarse para llegar a que el recaudo del país reciba más ingresos por esa actividad económica, una propuesta que incluso ya se había sondeado en la primera reforma tributaria de esta administración.
¿Qué pasará con las plataformas de apuestas en línea en Colombia?
Justamente uno de los aspectos clave a tener presente es cómo hacer el cobro para plataformas de apuestas que no tienen domicilio en el país, una situación parecida a lo que fue en su momento los gravámenes impuestos con la “presencia significativa”, refiriéndose a firmas como Spotify, Netflix, entre otras.
Sobre lo que viene, dijo Guevara en entrevista con Blu Radio que “cualquier plataforma internacional que esté en Colombia pueden seguir sin problema”.
Sin embargo, las plataformas de apuestas en línea que no están domiciliadas en el país, agregó Guevara, no podrán seguir operando y así lo menciona uno de los artículos sobre los decretos expedidos por el ejecutivo en medio de la conmoción interior.
Explicó el ministro de Hacienda que hay un artículo del decreto que le da las herramientas a Coljuegos de bloquear las plataformas de apuestas en línea en Colombia, no solo al operador sino a los dominios, que son los que cambian de manera permanente.
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Concluyó Guevara diciendo que esta decisión también se toma salvaguardando los derechos de las empresas legales y formalmente constituidas en el país.
