En medio de un inesperado almuerzo, el gobierno de Gustavo Petro trazó la estrategia para destrabar el negocio del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski por Nutresa.
El encuentro tuvo lugar este viernes, 12 de enero, en la Casa de Nariño, donde las partes se reunieron por poco más de dos horas.
La reunión sorpresiva contó con la participación del director del Dapre, Carlos Ramón González; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el superfinanciero, Cesar Ferrari, por parte del Gobierno.
Por el otro lado empresarial se contó con la participación de: Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa; Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos; y Gonzalo Pérez, presidente de Sura.
Además, estuvieron presentes las cabezas del Grupo Gilinski, Jaime y Gabriel, quienes hacen parte del negocio por Nutresa.
El acuerdo GEA – Gilinski – Gobierno Petro por negocio de Nutresa
Al término de la reunión, el gobierno Petro dio a conocer las conclusiones del encuentro y reveló el plan para destrabar el negocio del GEA y Gilinski por Nutresa.
“Durante más de dos horas se resolvió el viejo conflicto empresarial que llegó a un acuerdo final y sinérgico” dijo el jefe de Estado.
Y agregó: “Suspender un conflicto nos lleva hacia unas mejores condiciones de estabilidad para los capitales extranjeros que se han vinculado con estos grupos nacionales, que pueden traer una ampliación de la plataforma productiva en toda Colombia”.
Por su parte, el ministro Bonilla brindó detalles sobre la esencia del acuerdo y concluyó que este busca resolver los conflictos persistentes entre los dos grupos empresariales derivados de las OPA repetitivas que «no dejaron los mejores resultados».
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El acuerdo tiene como objetivo principal poner fin a las hostilidades y cerrar definitivamente la relación en términos de cómo se gestionarán las empresas pertenecientes a ambos grupos.
De esta forma, por medio de una normativa que está ad portas de expedirse, se podrá destrabar el negocio del GEA y Gilinski por Nutresa.
Además, según Bonilla, hay un compromiso de ambos grupos, ya sea en el litoral del Pacífico o en el Catatumbo, por participar en el proceso del Gobierno para transformar la economía ilegal actual en una economía legal y diferente.
Esto implica garantizar la compra de productos y respaldar el proceso de transformación en estas regiones por parte de los empresarios y sus marcas.
