Por medio de una carta intergremial, las entidades Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia solicitaron una reunión para hacer las aclaraciones sobre lo que consideran “imprecisiones sobre la opción tarifaria y los subsidios de energía y gas”; así como definir soluciones para la liquidez de las empresas comercializadoras y futuro del sector energía en Colombia.
La carta, que va dirigida a Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, y a Diego Guevara, ministro de Hacienda, manifiesta la preocupación de estos gremios ante las consecuencias de la no aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, y las declaraciones del Gobierno Nacional a partir de este hecho.
“El archivo de esta iniciativa y los anuncios posteriores generan una gran incertidumbre sobre dos temas fundamentales para el sector y los usuarios: el pago de la deuda de la opción tarifaria y el oportuno giro de los subsidios para los servicios energía eléctrica y gas natural para la vigencia 2024 y la apropiación presupuestal correspondiente de los recursos requeridos para 2025”, precisaron las entidades.
Por estas razones, con el objetivo de encontrar de manera urgente soluciones a tales problemáticas -incluyendo los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras- y evitar un impacto negativo sobre los usuarios y el sector, los gremios solicitaron una reunión con ambos ministros para aclarar varios sucesos.
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Los puntos críticos que requieren atención prioritaria para el sector energía en Colombia
A continuación, se citan textualmente los puntos que Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia manifestaron en la misiva para el Gobierno Nacional:
- Sobre el pago prometido de la deuda de la opción tarifaria
“Es cierto que el Gobierno Nacional, mediante el artículo 14 del proyecto de Ley de Financiamiento, planteó la posibilidad de reconocer como deuda pública los saldos adeudados por los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras, como resultado de la aplicación de la opción tarifaria regulatoria establecida por la Resolución 012 de 2020 de la CREG, durante el anterior y el presente Gobierno”.
“Sin embargo, es crucial aclarar que la promesa del presidente de la República de asumir esta deuda fue realizada en mayo de 2024, mucho antes de la presentación del proyecto legislativo el 10 de septiembre del mismo año. Este compromiso, que aparentemente demandaba acciones inmediatas, no estaba condicionado a la aprobación de la Ley de Financiamiento, cuyo objetivo principal era la de generar nuevos recursos, mas no la de realizar gasto público adicional”.
“Desde tal anuncio, los gremios hemos apoyado la promesa presidencial y en tal sentido hemos insistido en que el artículo necesario para viabilizar este pago se tramite en un proyecto de ley independiente, de un solo artículo y con mensaje de urgencia, garantizando de esta manera su pronta aprobación”.
“Al condicionar innecesariamente la aprobación de este artículo a la Ley de Financiamiento, el Gobierno ha puesto en riesgo el cumplimiento de una promesa vital para los usuarios, que bien puede incluirse en el Decreto de adopción del presupuesto, haciendo para ello los ajustes correspondientes a la planeación que este contiene”.
Los gremios recordaron que, actualmente, la totalidad de la deuda por concepto de opción tarifaria de energía eléctrica asciende a $3,4 billones, suma que seguirá siendo trasladada a los usuarios a través de las tarifas, dado que a la fecha no se ha definido el mecanismo legal para que el Gobierno asuma la deuda que planteó pagar.
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- Sobre el impago de los subsidios de energía y gas natural
“Hemos alertado repetidamente sobre la crítica situación financiera de las comercializadoras de energía y gas natural debido al impago de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Los montos acumulados actualmente alcanzan $2,4 billones para energía eléctrica y $628.000 millones para gas natural, los cuales se siguen incrementando mes a mes”.
“Tras la no aprobación del proyecto de ley, algunos funcionarios del Gobierno han manifestado que dicho hecho pone en riesgo el pago de estos subsidios. Sin embargo, enfatizamos que el pago de subsidios es una obligación constitucional y legal del Estado, que no está ni ha estado condicionada nunca a la aprobación de una reforma tributaria”.
“De no realizarse estos pagos, se pondría en riesgo la prestación del servicio y, además, se debería informar a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que por primera vez en la historia el Gobierno Nacional incumplirá sus deberes en la materia, produciendo incrementos significativos en las facturas que agravarán la situación financiera de los hogares de las familias colombianas”.
“Por ejemplo, para un usuario de estrato 1, en el caso más extremo, representaría un incremento en su factura cercana al 150 %, exponiendo al sector a un riesgo sistémico afectando la prestación del servicio”.
“La concreción de los anuncios realizados, los cuales rechazamos de manera unánime, incrementará el costo de la deuda y las dificultades operativas para las empresas comercializadoras, afectando directamente la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible”.
Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios representantes del sector energía en Colombia solicitaron al Gobierno Nacional que, conforme a la responsabilidad legal, se adelantes las siguientes acciones:
- Efectuar de manera urgente los giros totales de las sumas ya otorgadas por las empresas, para lo cual se requiere liquidar y pagar los subsidios
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- Expedir los certificados de deuda de subsidios que permitan a las empresas gestionar los respaldos financieros o analizar alternativas de venta de cartera
- Titularizar la deuda actual que tiene el Gobierno con las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural
- Permitir la realización de un cruce de impuestos a las empresas con las actualmente se tienen valores adeudados. Esta medida está habilitada en el Decreto 1244 de 2013, que reglamentó el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012
Por último, los gremios Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia consideran con urgencia incluir la totalidad de los recursos necesarios para subsidios de energía eléctrica y gas natural para la vigencia 2025.
“Con mayor razón cuando estos corresponden a gasto público social, el cual tiene prioridad sobre cualquier otra asignación de conformidad con el artículo 366 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 100 de la Ley 142 de 1994, y el artículo 42 de la Ley 1430 de 2010”, manifestaron las asociaciones.
Es por eso que terminan la carta reiterando la necesidad de una reunión urgente con ambos ministros para abordar estos temas y construir una solución conjunta que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los usuarios y la estabilidad financiera del sector. “Esperamos contar con su pronta respuesta, dada la gravedad de los asuntos expuestos”.
