El ministro de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, ante la coyuntura que vive el país por materia del gas natural, y luego de que Ecopetrol informara sobre la disponibilidad que tiene del energético para comercializar, pidió a las superintendencias pertinentes investigar el comportamiento de los agentes.
Este mensaje del ministro Camacho se produce luego de que Vanti, una de las mayores distribuidoras de gas natural en Colombia, anunciara que habría -desde febrero de 2025- aumentos de hasta 36 % en las facturas.
“Debido al aumento del precio de la molécula de gas natural y el mayor costo por la distancia del transporte debido al cambio en las fuentes de suministro, la tarifa final de gas natural para los usuarios residenciales, comerciales e industriales regulados de diferentes partes del país tendrán un incremento de hasta 36% en sus facturas a partir de febrero”, indicó la compañía.
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Ante esta situación de las alzas en este servicio público, el líder de la cartera minero-energética aseguró, por medio de su cuenta de X, que hay gas en el país por lo que no ve condiciones para dichos aumentos. “¡Gas tenemos! Los incrementos en tarifa son injustificados”.
Ante esto, puso en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio que se investigues a los agentes del sector de gas natural en Colombia.
¿Qué dicen los gremios sobre las peticiones del ministro Camacho de investigar a las empresas de gas natural en Colombia?
En una rueda de prensa, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), aseguró a medios de comunicación que “pedirle al ministro que no siga diciendo lo que no es”.
El líder gremial manifestó que ni el Gobierno Nacional o el Ministerio de Minas y Energía han puesto una sola demanda a alguna empresa. Pero expresan, a toda hora, que son unas corruptas y que realizan cobros indebidos. Eso no es verdad”.
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Para Sánchez, “las empresas cobran lo que tienen que cobrar y se mueven entre los elementos que las regulan”.
Añadió que el Gobierno Nacional no puede estigmatizar. “Cuando un presidente dice una cosa como esta, se nos vuelve peligrosísimo, porque los usuarios piensan que están cobrando lo indebido, y puede ocasionar que la gente no pague. Ese sería el peor de los mundos en este momento crítico que estamos”.
