El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el próximo 1 de mayo radicará formalmente ante el Congreso de la República el texto de la consulta popular que busca revivir su agenda de reformas sociales, particularmente la laboral y de salud.
La presentación del texto oficial coincidirá con las marchas convocadas para el Día Internacional del Trabajo.
Petro también confirmó que el martes 22 de abril dará a conocer públicamente las preguntas que serán incluidas en la consulta popular. Estas preguntas definirán el alcance de las reformas que pretende validar a través del voto directo.
“Mañana el ministro del Interior presenta al público las preguntas que se presentarán en la consulta popular”, anunció el mandatario en medio del Consejo de Ministros.
El trámite legislativo de la consulta popular
Según establece la ley, la consulta deberá ser presentada mediante un documento argumentativo que justifique su pertinencia.
Este documento será enviado al Senado de la República, que contará con un plazo de 20 días hábiles —prorrogables por 10 más— para decidir sobre la viabilidad legislativa de la propuesta. De ser aprobada, la Registraduría Nacional tendrá hasta tres meses para organizar la votación a nivel nacional.
La realización efectiva de la consulta dependerá de que al menos el 33 % del censo electoral, es decir, alrededor de 13,6 millones de personas, participe en la jornada. Para que el resultado sea válido, la opción ‘sí’ deberá obtener más del 50 % de los votos emitidos.
Costos e implicaciones fiscales
De acuerdo con un análisis realizado por la firma Crowe Co, el costo estimado de la consulta popular asciende a más de $400.000 millones, teniendo en cuenta la inflación y las necesidades logísticas del proceso electoral.
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Según Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio del área de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co, la financiación de esta consulta podría tener efectos adversos sobre sectores prioritarios como salud, educación y vivienda, además de agravar el déficit fiscal.
“La financiación de esta consulta obligaría a reasignar recursos de sectores estratégicos, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”, afirmó Arbeláez.
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