El presidente Gustavo Petro declaró oficialmente la conmoción interior por la violencia en el Catatumbo, que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados en la región.
La medida se aplicará por un término de 90 días contados a partir de este 24 de enero y será exclusivo para los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.
Además, se aplicará en los territorios indígenas de Motilón Barí y Catalaura La! Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, ubicados en el departamento de Cesar.
De acuerdo con el decreto de conmoción interior, el Gobierno busca enfrentar grupos al margen de la ley como el Frente de Guerra Nororiental del ELN, la Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y los «Pelusos».
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en los últimos meses, el ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo.
Escalada de violencia y detalles del decreto de conmoción interior
Según el Ejecutivo, esta escalada es promovida y financiada, entre otros, “con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región”.
Eso sí, desde el 15 de este año, la situación se ha recrudecido y, desde entonces, cinco firmantes de paz han sido asesinados, otros 11 están desaparecidos y más de 100 han sido desplazados forzadamente con sus familias.
Con la declaratoria de conmoción interior, el presidente Petro obtiene facultades extraordinarias que le permiten emitir decretos legislativos con fuerza de ley para hacer frente a la crisis. Estas medidas pueden suspender leyes incompatibles con la situación, pero deben ser estrictamente necesarias y proporcionales a la gravedad de los hechos.
De igual forma, se podrán restringir derechos fundamentales como el libre tránsito y autorizar el uso de la fuerza pública en ciertas condiciones. Sin embargo, estas medidas deben ser proporcionales y estar bajo vigilancia de la Corte Constitucional.
Por lo pronto, el decreto deja claro que se hace «imperativo» adoptar medidas extraordinarias para la restricción de la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados por los grupos armados en la región para el financiamiento de sus actividades criminales.
Y, de paso, es «indispensable» tomar medidas de excepción que permitan retomar el control del territorio afectado, impedir más desplazamientos forzados masivos y restablecer el orden público en la región del Catatumbo.
De igual manera, Petro anticipa que el Gobierno deberá recurrir a recursos fiscales extraordinarios y a modificaciones del Presupuesto General de la Nación, «con el objeto de financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la Fuerza Pública para el restablecimiento del orden público y, por otra, los proyectos y programas de inversión social».
Consulte en este enlace el decreto completo de conmoción interior.
