Petro dice que convocará consulta popular para definir reformas laboral y de salud

El presidente Petro dijo que hará esta consulta para que el pueblo decida el futuro de estas dos reformas.

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Gustavo Petro convocará consulta popular para reformas. Imagen: Flickr Presidencia.

Este martes, 11 de marzo, ocho senadores que hacen parte de la Comisión Séptima del Senado presentaron una ponencia de archivo contra la que era promovida por el actual Gobierno del presidente en Colombia.

En este contexto, el presidente Petro, en una alocución presidencial, dijo que para que se lleven a cabo las reformas prometidas en su campaña convocará a una consulta popular para definir el futuro.

Agregó que ese mecanismo se convocará no solo para la reforma laboral, sino también de la . “Al bloque institucional se le responde con democracia real, y esta la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer ecos en las elecciones del 2022”, mencionó el presidente Petro.

“Esto significa que se hará una convocatoria al pueblo, no solo para movilizarse, sino para decidir. La manera en que la Constitución permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El Gobierno convocará una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud”, dijo el presidente Petro.

¿Qué es la consulta popular que convocará el Gobierno Nacional?

Según la Ley 134 de 1994, en su artículo 8, en Colombia la consulta popular es un mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía puede decidir sobre asuntos de trascendencia a nivel nacional, departamental, municipal o local. En este caso, el presidente Gustavo Petro someterá a consulta las reformas propuestas.

Asimismo, el artículo 50 de la misma ley establece que el presidente puede someter a consulta un asunto de interés, siempre que cuente con la aprobación del Congreso de la República. Durante su discurso, el presidente Petro enfatizó que esta decisión se toma en plenaria.

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El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que, en este contexto, “el proyecto de ley no se aprueba en el Congreso, sino mediante un mecanismo de participación ciudadana que es viable. Sin embargo, existen requisitos y plazos que deben cumplirse, los cuales están establecidos en la Ley 134 de 1994. Es necesario que se cumplan con estas condiciones mínimas para que los ciudadanos aprueben este procedimiento”.

De esta manera, Charry, dijo que para ejecutar la consulta popular “hay muchos requisitos y será difícil su ejecución, por lo que se puede tardar un año y hay que sortear todos los requisitos que exige la ley”.

Según la legislación vigente, las preguntas formuladas en una consulta popular deben ser claras para que la ciudadanía pueda responderlas con un ‘SÍ’ o un ‘NO’. Por ello, tras el anuncio del presidente Petro, la Presidencia de la República deberá emitir un documento que justifique esta decisión y establezca la fecha de la consulta. Luego, el Senado determinará en plenaria si la consulta se lleva a cabo o no.

Una vez emitido el documento, el Senado tendrá un plazo de 30 días para emitir un concepto, tras lo cual se pronunciará sobre la viabilidad legislativa de la consulta popular, en este caso, relacionada con las reformas propuestas. Para afirmar esta consulta popular, se tendrá un plazo de cuatro meses.

Asimismo, la ley establece que una consulta popular será válida si el voto afirmativo supera la mitad de los sufragios válidos y si participa al menos un tercio del censo electoral. En este contexto, dado que el censo electoral en Colombia es de 40.963.370 personas, la participación mínima requerida es de 13.650.456 ciudadanos.

Para que las reformas sean avaladas, al menos 6.827.229 personas deben votar afirmativamente. Si la mayoría de los ciudadanos respalda la consulta, los proyectos del Gobierno serán acogidos para su discusión, según lo determina el artículo 55.

Ante esta decisión, Camilo Cuervo, quien es socio de la firma de abogados Holland & Knight, destacó que con esta decisión el presidente Petro «se está saltando al Congreso, lo que para mi opinión sería un golpe de estado institucional porque está reemplazando al Congreso en su función legislativa y tratando de cuestionar la legitimidad del mismo como uno de los órganos del poder público colombiano»

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