La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió declarar improcedente la solicitud presentada por los representantes del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La petición buscaba suspender la investigación administrativa iniciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.
Los representantes de Petro argumentaron que la competencia para investigar a un presidente en ejercicio recae exclusivamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, no en el CNE.
Alegaron que la investigación violaba las garantías y que representaba una amenaza a los derechos políticos de Petro y su electorado.
En contra parte, el CNE sostuvo que la investigación era administrativa y no limitaba derechos políticos. Además, consideraron que no se cumplían los requisitos de gravedad extrema, urgencia e irreparabilidad del daño para adoptar medidas provisionales.
El primer mandatario se trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una victoria que tuvo en el 2020, donde el tribunal le dio la razón. Allí resolvió que Colombia violó los derechos políticos y garantías judiciales de Petro durante su tiempo como alcalde de Bogotá, al ser destituido por la Procuraduría.
Con lo anterior en el historial, Petro quería repetir la victoria, sin embargo, la Corte rechazó las medidas solicitadas, perdiendo así el proceso judicial internacional.
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La decisión de la Corte
La Corte Interamericana determinó que la solicitud no guardaba relación con el objeto del caso de 2020, que trataba sobre sanciones disciplinarias e inhabilitaciones, mientras que la actual controversia se centraba en una investigación administrativa sin efectos inmediatos sobre derechos políticos. Por tanto, declaró improcedente la solicitud.
“Declarar improcedente la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por los representantes de la víctima en el presente caso”, se lee en la resolución de la Corte.
