El presidente Gustavo Petro buscaría reducir aún más la jornada laboral en Colombia, sumándose así a la tendencia que ya se vive en el país desde hace un año.
No hay que olvidar que el Congreso aprobó en 2021 un proyecto de ley para bajar las horas trabajadas en el país de manera gradual.
Así las cosas, Colombia entraría en una reducción gradual de la jornada laboral desde las 48 horas que existían hasta 42, en un horizonte de tiempo de cinco años.
¿Por qué Petro buscaría reducir aún más la jornada laboral en Colombia?
De hecho, por esta iniciativa, las personas ocupadas ya hoy trabajan 46 horas a la semana, marcando la segunda reducción de las que se aprobaron en ese entonces.
Adicionalmente, desde julio de 2025, el tiempo máximo de empleo volverá a bajar dos horas hasta 44 semanales y, a mediados de 2026, se hará una última bajada de dos horas, para llegar a las 42 prometidas.
A pesar de lo anterior, el presidente Petro buscaría reducir aún más la jornada laboral en Colombia durante su gobierno.
Así lo confirmó el jefe de Estado por medio de su cuenta de X, en donde señaló que su administración debería bajar este tiempo laborado más allá de lo que ya está aprobado.
“Mi gobierno debe llevar la jornada laboral de Colombia a 40 horas semanales sin reducir sueldos”, indicó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó que, con esto, se aumentaría sustancialmente el empleo en el país, aunque no detalló cuándo ni cómo se haría esta nueva reducción de los topes de tiempo.
En todo caso, una medida adicional de este tipo tendría que ser tramitada en un nuevo proyecto de ley y, además, requeriría nuevos consensos entre el sector público y los empresarios por cuenta de la alta masa laboral que existe en la rama privada.
De hecho, según cálculos hechos por la ANDI hace unos años, bajar la jornada laboral hasta las 40 horas implicaría que las empresas cargarían con un costo semanal promedio de $85.309 por persona.
“Esto, escalado a los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas, significaría un costo anual de $26,9 billones para la economía, es decir, un impacto de cerca del 2,7% del PIB de 2019”, anotó.
Sumado a esto, el Estado también tendría que asumir un fuerte gasto adicional, considerando los empleados del sector público.
