Tras la decisión de la Procuraduría de inhabilitar por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa.
El mandatario calificó la situación como un «desastre», argumentando que es inaceptable que una empresa privada controle los datos personales de los ciudadanos y, además, maneje los escrutinios electorales.
“No me gustó para nada lo que ocurrió en la Cancillería, donde iban a favorecer a esa empresa (Thomas Greg and Sons) con un pliego de licitación a medida, con el que siempre gana”, señaló Petro.
Según la Procuraduría, Leyva incumplió sus funciones como ministro de Exteriores al frenar la licitación de pasaportes en 2023, que estaba a punto de ser adjudicada a la firma Thomas Greg & Sons, la cual había gestionado la elaboración de pasaportes durante más de 15 años.
Este acto, según el órgano disciplinario, puso en riesgo la posibilidad de que los colombianos accedieran al servicio de pasaportes.
El presidente también criticó a la empresa en cuestión, mencionando que situaciones similares se han presentado en la Registraduría.
La relación entre el gobierno y Thomas Greg ha sido tensa en los últimos meses. La empresa interpuso una demanda contra el Estado por el proceso de licitación de pasaportes y el canciller Luis Gilberto Murillo habría estado mediando para que la compañía retirara dicha demanda, lo que parecía estar cerca de concretarse.
Choque de trenes en el caso de licitación de pasaportes
Petro afirmó que su oposición a esta empresa le ha generado conflictos con figuras como el exregistrador Alexander Vega y su antiguo amigo Benjamín Ortiz, actual firmante de una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que también cuestionó y cabe mencionar investiga al presidente por presuntamente superar los topes en su campaña presidencial.
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Además, Petro dirigió fuertes críticas a la procuradora, una de las mayores opositoras del Gobierno Petro desde su llegada a la Casa de Nariño. «Lo que ha hecho la procuradora con Álvaro Leyva es un acto de inmensa injusticia, lo ha inhabilitado políticamente de forma perpetua», afirmó el mandatario, quien denunció que esto contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual prohíbe que autoridades administrativas quiten derechos políticos.
“Que un administrador sin ser juez quite derechos políticos es algo propio de dictaduras, no de democracias”, concluyó Petro, añadiendo que «Colombia no necesita disminuir su democracia, sino ampliarla para alcanzar libertad y paz.»
