El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X que se iniciará una investigación sobre el funcionamiento de las concesiones viales de cuarta generación (4G) en el país.
En su mensaje, el mandatario afirmó que esta revisión se realizará de manera “minuciosa” para esclarecer el manejo de los recursos públicos destinados a estos proyectos de infraestructura.
Según el jefe de Estado, “mientras existen deudas por pagar, el dinero del presupuesto se gira puntualmente para que quede consignado en fiducias sin uso efectivo en las concesiones de las 4G”.
Petro calificó este procedimiento como un mecanismo “perverso” que ha ordenado detener, ya que, según él, opera en contravía de las decisiones presidenciales.
El jefe de Estado señaló que en los ministerios de Transporte y Hacienda hay funcionarios que, a comienzos de cada año, replican este esquema de forma casi automática, incluso cuando existen instrucciones expresas de no hacerlo.
A su juicio, esta práctica representa una «imposición del capital financiero sobre el gobierno legítimamente elegido» y añadió: “Se trata de nóminas paralelas. Los ministros, por temor, no rompen con este mecanismo y permiten la permanencia de esos empleados”, agregó.
Petro también expresó que dicha estructura representa una forma de priorización que difiere del programa de Gobierno, al favorecer la transferencia de recursos públicos al gran capital. “En mi opinión, esta es la mayor corrupción que existe, aunque se ampare bajo una fachada de legalidad”, puntualizó.
¿En qué consiste la investigación anunciada por el presidente?
Cada año, el Gobierno Nacional destina recursos de vigencias futuras a las fiducias encargadas de guardar los dineros para los proyectos viales, en el marco del programa de infraestructura 4G.
Estos fondos, en su mayoría, se transfieren a los concesionarios como pago una vez se confirman los avances ejecutados en las obras. Sin embargo, en algunos casos, el dinero permanece inmovilizado en las fiducias debido a retrasos significativos en la ejecución de los proyectos.
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Uno de los ejemplos más representativos es el proyecto vial Mulaló – Loboguerrero, cuya construcción aún no ha comenzado, pese a que han transcurrido más de 10 años desde su adjudicación. Las disputas legales entre el concesionario y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han impedido cualquier avance sobre el terreno.
Otro caso relevante es el del corredor Autopistas del Caribe, que enfrenta serias dificultades para iniciar las obras. Entre los principales obstáculos se encuentra la imposibilidad de operar el peaje de Turbaco y de instalar el de Arroyo de Piedra, lo cual ha impedido alcanzar el cierre financiero, condición indispensable para el inicio de la construcción.
Cabe mencionar que, en meses recientes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) había advertido por lo complejo que sería modificar las vigencias futuras de contratos de concesión.
