La tenencia de mascotas en conjuntos residenciales implica una responsabilidad que los residentes deben asumir para evitar conflictos con sus vecinos. Una gestión inadecuada puede generar inconvenientes, especialmente cuando las mascotas, en particular los perros, emiten ruidos excesivos que afectan la tranquilidad del entorno.

Para garantizar una convivencia armoniosa en propiedad horizontal, es fundamental cumplir con la normativa vigente. El Código Nacional de Policía y la Ley 675 de 2001 establecen disposiciones sobre el ruido excesivo, incluyendo el generado por mascotas, señalando que este comportamiento no solo afecta la paz de los residentes, sino también la seguridad de la comunidad.

Multas por ruido excesivo de mascotas en conjuntos residenciales

Los residentes que consideren que una mascota genera un nivel de ruido excesivo tienen derecho a presentar su queja ante las autoridades competentes. El Código Nacional de Policía establece límites de ruido en áreas residenciales: 65 decibeles durante el día y 55 decibeles en la noche. Si un residente incumple esta regulación, puede ser sancionado con una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que supera los $400.000.

Además de la normativa legal, los reglamentos de propiedad horizontal suelen incluir cláusulas que regulan la convivencia y el respeto a la tranquilidad de los demás. En estos casos, los vecinos pueden recurrir al manual de convivencia o al reglamento de copropiedad y, si persisten las molestias, acudir a la Policía para que intervenga y promueva una conciliación con el propietario del animal.

Si bien es cierto que los perros tienen una tendencia natural a ladrar, lo cual no constituye una infracción en sí misma, la Ley 675 de 2001 establece disposiciones generales sobre el ruido excesivo en propiedad horizontal sin hacer una distinción específica sobre su origen. Por ello, la imposición de sanciones debe estar respaldada tanto por la normativa legal como por los reglamentos internos de cada unidad residencial.

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Para reforzar estas disposiciones, los conjuntos residenciales deben asegurarse de que sus reglamentos internos contemplen normas claras sobre la gestión de ruidos. En caso de que estas normas no estén actualizadas, los copropietarios pueden proponer modificaciones y someterlas a votación en asamblea para su implementación. De esta manera, se promueve una convivencia equilibrada, en la que se respeten tanto los derechos de los dueños de mascotas como la tranquilidad de los demás residentes.