A ocho años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, un nuevo informe de Transparencia por Colombia revela serias limitaciones en el acceso a la información y la trazabilidad de los recursos públicos destinados a su implementación.
El documento analiza más de 109.000 contratos con posible relación con el acuerdo, de los cuales 54.419 fueron confirmados como directamente vinculados al proceso de paz.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que solo el 40,7 % de estos contratos incluye información clara sobre el punto y pilar del acuerdo al que están asociados, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación de su impacto. El 59,3 % restante carece de esta clave, obstaculizando el control de los órganos de vigilancia.
El análisis también muestra que el contrato más utilizado ha sido el de prestación de servicios, enfocado en la contratación de personal profesional, lo que, según la entidad, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y el impacto directo de estos recursos en los territorios priorizados.
¿Quién ejecuta los recursos del Acuerdo?
En cuanto a los recursos movilizados, el informe señala que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lidera el listado de entidades contratantes con más de $622.000 millones ejecutados, seguido por Findeter, con más de $495.000 millones.
En el caso del Fondo Colombia en Paz, los principales contratistas han sido la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
Destino de los recursos: más del 70 % concentrado en dos áreas
• El 44,15 % se ha dirigido a la reforma rural integral, principalmente en infraestructura y desarrollo productivo.
• El 28,54 % ha sido destinado a la atención a víctimas, aunque el informe señala dificultades en la ejecución de los programas de reparación y asistencia.
• El 17,19 % ha financiado la reincorporación de excombatientes, con inversiones en formación y proyectos productivos, pero con dudas sobre su sostenibilidad.
Obstáculos persistentes en la contratación para la paz
El documento también identifica avances y debilidades en los mecanismos para mejorar la transparencia. Por ejemplo, aunque el marcador Paz en Secop I y II ha permitido rastrear mejor los contratos asociados al acuerdo, Transparencia sostiene que “su uso sigue siendo deficiente, con errores en la clasificación o ausencia de marcación en contratos relevantes”.
Asimismo, desde 2023, el Fondo Colombia en Paz comenzó a publicar su información contractual en un portal de datos abiertos. Sin embargo, el informe evidencia “inconsistencias entre esos datos y los reportados en Secop II, lo que afecta la calidad de la información disponible para la ciudadanía”.
Otro avance normativo importante ha sido la entrada en vigor de la Ley de Paz Total, que exige la publicación de todos los contratos relacionados con la implementación del acuerdo, sin importar su régimen jurídico. No obstante, “persisten barreras para acceder a esta información de manera clara, completa y organizada”.
Ante este panorama, Transparencia por Colombia urge la adopción de medidas estructurales para garantizar la rendición de cuentas y la trazabilidad de los recursos. Entre sus recomendaciones, destaca el fortalecimiento de las capacidades de entidades como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el DNP, la Agencia de Renovación del Territorio, el Fondo Colombia en Paz y Colombia Compra Eficiente, especialmente en medio del debate sobre las reformas al sistema Secop.
“Aunque hay avances institucionales para mejorar la transparencia, aún se requiere mucho más compromiso y acciones concretas para lograr una apertura amplia y completa que permita visibilidad de todos los recursos que se invierten para lograr la paz en Colombia”, afirmó Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia.
