Continúa el paro campesino que desde ayer, 21 de octubre, inició en Colombia por productores en Santander, Boyacá y Norte de Santander, en el que se busca exponer las problemáticas de los agricultores por distintas políticas.
Principalmente, las manifestaciones de la Asociación Para el Desarrollo Integral del Campesino exigen que sea admitido el trabajo agropecuario en zonas de páramo, que ha empezado a limitarse a partir del decreto 044 del Ministerio de Ambiente.
Si bien se han iniciado algunas conversaciones, el campesinado exige que el Gobierno Nacional participe también del diálogo, con entidades como la Agencia Nacional de Restitución de Tierras para avanzar en la legalización de los predios.
Los bloqueos se ubican en vías principales que conectan con Bucaramanga, San Gil, Málaga, Cúcuta, Bogotá y la costa Atlántica. De acuerdo con los voceros, el paro se llevaría a cabo de manera indefinida.
A las asociaciones campesinas también se sumaron otras relacionadas con actividad minera como Asomical, Asomineros Vetas, Calimineros S.A.S., Asomar, Asomiprosoto y la Asociación Los del Boquete de Soto Norte, que también van en contra de la medida de la cartera.
Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) validaron el derecho a protesta, pero destacaron que el bloqueo de vías también genera perjuicios para la movilización de mercancías en el país. “En Boyacá, por ejemplo, que es una despensa agrícola, pueden dañarse los alimentos”, expuso Julián Soto, director de Logística de la agremiación durante una intervención en un foro en Bogotá.
El decreto 044 del Ministerio de Ambiente
Desde febrero de este año, entró en vigencia el decreto 044 que establece criterios para delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.
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A diferencia de los reparos del sector minero y campesina, la ministra Susana Muhamad ha venido asegurando que la normativa genera “criterios sustentados para delimitar reservar temporales, cumpliendo con lo que ordenó el Consejo de Estado y que, de ninguna manera, definiría una moratoria de la minería”.
Cabe decir que el Consejo de Estado ordenó hace un año, en un fallo catalogado como histórico, planificar ambientalmente el territorio antes de otorgar títulos mineros.
