El Ministerio de Minas y Energía presentó hoy el informe de su misión por la transformación energética, que se encarga de la construcción de la hoja de ruta para la energía del futuro.
Por medio de cinco enfoques diferentes, que van desde, la competencia, estructuración y participación del mercado actual, pasando por la importancia del gas natural, el estatus actual de este combustible y su proyección a futuro, pasando por temas como la descentralización, digitalización y gestión de la demanda, el cierre de brechas de acceso y cobertura, focalización de subsidios y finalizando con el marco regulatorio que hay que adoptar para la correcta transición e implementación de energías renovables en el país.
La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, recalcó que, aunque las metas iniciales eran ambiciosas al inicio de la administración, la suma de esfuerzos ha logrado un avance importante y el estimado de instalación de energía renovable para el 2022 llegaría a los 2.500 megavatios, cifra superior a los 1.500 megavatios planteados como meta en el 2018.
En el informe, cerca de 20 expertos colocaron sus consideraciones y propuestas, no discutidas ni moderadas por el Gobierno Nacional y que estarán disponibles para comentarios hasta febrero del 2020 en la página energiaevoluciona.org/transformacion.
A partir de marzo, el Ministerio concertará con los expertos que realizaron el informe y enriquecidos con los comentarios recibidos la hoja de ruta en firme para la implementación de esta transformación en un lapso de 10 años.
Una de las propuestas de cambio en cuanto al acceso y distribución está relacionada con la reestructuración tarifaria: la implementación de tarifas dinámicas que dependan de la producción de energía renovable, la disponibilidad y las horas de consumo.
Las principales propuestas en los demás focos se centran en: la desregulación de la comercialización y el fortalecimiento de la infraestructura de distribución de energía y combustibles como el gas. Además de la creación o adopción de regulaciones y tarifas más acordes a las redes de distribución existentes y menos basadas en modelos tomados de países con mayor infraestructura o mayor cantidad de competidores en el mercado.
