La Corte Constitucional de Colombia dictó la primera sentencia sobre los cierres de minas en Colombia en la que se garantiza el debido proceso y participación de las comunidades y sindicatos -que representan a más de 20.000 personas de cuatro municipios- ante impactos que dejó el cierre de minas de carbón a gran escala de Prodeco en Colombia.
“Nosotros, un grupo de comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena, hemos liderado una acción judicial durante más de cuatro años para que se garantice un diálogo público por medio de una mesa de concertación donde los afectados de los municipios mineros de La Jagua, el Paso, Becerril y Ciénaga puedan conocer y participar en la definición de las medidas que compensación y restauración que Glencore – Prodeco debe llevar a cabo dentro de su plan de abandono y cierre minero”, destacaron los representantes de las comunidades.
Como se sabe, el proceso de cierre minero de Prodeco en el Cesar sigue pendiente de aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).
La Corte en esta sentencia determinó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación con una única reunión de socialización llevada a cabo en noviembre de 2022 en estos municipios.
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“La cual es claramente insuficiente y no cumple con lo acordado en el acta de reunión donde el compromiso de las partes era convocar la gran mesa de diálogo y concertación en presencia de la población afectada de estos cuatro municipios”, indicaron las comunidades.
¿Qué más dijo la Corte Constitucional sobre el cierre minero de Prodeco?
La Corte Constitucional ordenó que se inicie la apertura del incidente de desacato en contra del representante legal del Grupo Empresarial Prodeco S.A y se revise el cumplimiento del fallo y del acuerdo contenido en estas actas.
“La Corte Constitucional, a través de esta Sala de Revisión es competente para examinar en sede de revisión los fallos de tutela proferidos dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo previsto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991”, dice la Sentencia T-029 de 2025 de la alta Corte.
Y agregó que “de acuerdo con las pretensiones y los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, corresponde a la Sala revisar las decisiones de instancia en cuanto negaron la solicitud de tutela, por considerar que no se configuraban los defectos alegados por la parte accionante respecto de la providencia judicial que se abstuvo de iniciar un incidente de desacato y, en consecuencia, de aquella que negó la nulidad de dicha decisión”.
Para la Corte Constitucional, dado que no se desconoce la complejidad del contexto social y ecológico que entrañan los cierres de minas de carbón, “el magistrado sustanciador ordenó una serie de pruebas con el fin de esclarecer la situación que rodea al asunto bajo estudio”.
En general, expresó la Corte, las pruebas aportadas por la ANLA, la ANI, Prodeco y por los organismos de control dan cuenta de la gran complejidad que supone la terminación de la explotación de las minas carboníferas de La Jagua y Calenturitas a nivel contractual, ambiental y social.
Ante esto, las comunidades expusieron: “nosotros como comunidades y sindicatos del corredor minero, respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios, luego de 25 años de explotación, y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados”.
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Por lo tanto, las comunidades y demás actores de los municipios que se consideran afectados por el cierre minero de Prodeco hicieron tres peticiones para que se tengan en cuenta en los nuevos diálogos:
- Un diálogo con Glencore -Prodeco para a evitar evasivas y respetar el fallo judicial.
- Acompañamiento de la ANLA, Defensoría y Procuraduría para acatar la decisión judicial y fortalecer las medidas de protección para garantizar la seguridad de líderes de las comunidades de los municipios de La Jagua, Becerril, el Paso y Ciénaga.
- Respaldo de organizaciones nacionales e internacionales para garantizar una participación efectiva para cumplir con la mesa de concertación.
Lea aquí la sentencia completa de la Corte Constitucional sobre el cierre de minas de carbón de Prodeco en el departamento del Cesar (al norte de Colombia).
