Por: Andrés J. Bernal Castiblanco, socio de Governance Consultants
Buena parte de los factores que determinan la calidad de vida de la humanidad son producto de decisiones de lo “público”, ya bien sea de un Estado o de su brazo operativo, que son las Empresas donde este (nacional, departamental o municipal) es accionista.
El agua, la energía, la salud, la infraestructura son sectores en donde, en la mayor parte de las economías emergentes, las empresas con participación estatal -en adelante EPEs- juegan un rol fundamental; y en la medida que la inercia estatal hace que las cosas funcionen como lo hacen, las mayores evoluciones potenciales de lo público dependen de las EPEs. Esto porque las empresas pueden tener mayor capacidad de adaptación a realidades cambiantes, menor ideologización en su operatividad, y mayor claridad en su sistema de rendición de cuentas, en contraste con otras entidades u organismos estatales.
Lo cierto es que, en las EPEs-, esto no sucede espontáneamente, su devenir no es producto del azar o la naturaleza. Sus resultados, contribución y capacidad de crear mejor calidad de vida, son posibles gracias a sus decisiones de gobierno corporativo. Es decir, de la balanceada interacción entre las decisiones de propiedad, de dirección y de gerencia.
Las decisiones determinantes, de quién las lidera, cómo se contrapesan los poderes, cómo se rinden cuentas, y cómo se adecuan estratégicamente para responder a condiciones sociales, económicas y políticas cambiantes, corresponden al ámbito del gobierno corporativo.
Recientemente – mayo, 2024-, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó las nuevas Guías de Gobierno Corporativo para Empresas de Capital Estatal. De las guías originales de 2005 se preservó su lógica central: las EPEs deben ser manejadas con criterio empresarial, no político. No deben beneficiarse, ni perjudicarse de la injerencia del Estado -o de los intereses del Gobierno de turno-, y deben rendir cuentas a sus grupos de interés frente al cumplimiento de su propósito empresarial y financiero.
La principal innovación de las nuevas guías es el énfasis que hizo la OCDE en el empoderamiento de las juntas directivas de las EPEs. El llamado es a que las Juntas Directivas sean una bisagra que interprete los énfasis de la política pública, y los acompase responsablemente con los propósitos misionales y de largo plazo de las EPEs. De tal forma que solo si existe claridad en la diferenciación de los “ámbitos estatales – públicos”, y los “ámbitos empresariales – públicos”, es posible que las EPEs sean efectivas en el cumplimiento de su misionalidad.
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Para una EPE la mejor forma de hacerlo es mediante una reflexión crítica, que la lleve a preguntarse por qué existe, y por qué no es simplemente una dependencia pública ministerial. Sus tomadores de decisión deben hacer ese proceso de reflexión en sus decisiones principales, y rendir cuentas frente a sus grupos de interés del impacto que sus decisiones tendrán en el corto, mediano y largo plazo para la organización.
En esta misma línea, en las próximas semanas se publicará un estudio sobre el gobierno corporativo de las EPEs en Latinoamérica, donde entre CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y Governance Consultants, actualizamos un estudio que hicimos en 2007. Sin pretender “spoilear” el estudio, este documento presenta como ha sido la evolución de las juntas directivas de más de 100 EPEs de la región.
El ejercicio, más allá de una estadística valiosa, refleja que los sistemas de gobierno corporativo están cambiando de forma acelerada. Y que particularmente en Latinoamérica los conceptos centrales de gobierno corporativo, como miembros independientes de Junta Directiva, -quienes se juegan su prestigio y credibilidad profesional y personal con cada decisión-; de operatividad efectiva de las juntas -como comités, evaluaciones y agendas enfocadas-; y de mayor rendición de cuentas, mediante transparencia e indicadores de impacto claros, están evolucionando.
Estamos frente al gobierno corporativo 2.0 en las EPEs latinoamericanas. Una nueva realidad que confronta y juzga contra los resultados, -y no contra las intenciones-. De tal forma que hoy, no es suficiente decir que una EPE tiene un buen gobierno corporativo si tiene un set de medidas formales, -es más, el gran hallazgo del estudio es que hoy mayoritariamente las EPEs de la región tienen estos mecanismos-. Solo se puede afirmar que tiene un buen gobierno corporativo si su Junta Directiva está empoderada para tomar decisiones con criterio empresarial, no político. Tal como lo enfatiza la OCDE en sus nuevos lineamientos.
Por esto, si queremos que las EPEs realmente impacten el desarrollo social y apalanquen sectores críticos para la calidad de vida de las personas, las tenemos que dotar de tomadores de decisión idóneos desde el punto de vista profesional y ético, empoderados -y valientes-. Juntas Directivas que tomen decisiones con criterio empresarial, con sentido de responsabilidad de largo plazo, y enorme claridad de la diferencia entre lo “estatal público”, y lo “empresarial público”. Lo que es igual a decir con buen gobierno corporativo.
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