Por: Diana Zapata, gerente general Aval Ambiental
Recientemente, el presidente Gustavo Petro instó a la entrante directora de la ANLA para acelerar las licencias ambientales de energía eólica en La Guajira. Sin embargo, se necesita mucho más que un licenciamiento ágil para que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo; se necesita desplegar una verdadera capacidad del gobierno para solucionar los conflictos con las comunidades, mejorar la infraestructura necesaria, y garantizar un entorno de inversión atractivo para las empresas que permitan generar riqueza y oportunidades para los habitantes de la región.
Colombia tiene el potencial para convertirse en un referente en energía eólica en América Latina, en línea con las metas de descarbonización a 2050 que se han fijado. Sin embargo, los problemas actuales han convertido esta oportunidad en un desafío de gran magnitud. De los 17 proyectos eólicos planeados en la región, sólo dos han entrado en operación. Las demás iniciativas están paralizadas debido a diversos factores dentro de los cuales se mencionan los siguientes:
- Conflictos en las consultas previas con comunidades indígenas. Las diferencias internas dentro de las distintas comunidades en la región, o incluso, diferencias dentro de una misma comunidad, han impedido que se puedan llegar a acuerdos, causando serios tropiezos para avanzar en el licenciamiento ambiental del proyecto.
- Retrasos en la construcción de líneas de transmisión. En algunas ocasiones, las licencias se otorgan sólo para la generación de energía, pero no para el transporte de la misma. Sin infraestructura adecuada para transportar la energía generada, los proyectos carecen de viabilidad operativa.
- Dificultades en la ejecución una vez obtenidas las licencias ambientales. Aunque varios proyectos han obtenido la licencia ambiental, al momento de ejecutar la obra, o incluso durante la ejecución de la misma, se han presentado cambios en las políticas gubernamentales que afectan la rentabilidad de los proyectos y generan inseguridad jurídica al inversionista.
Estas y otras razones han ocasionado retrasos en los procesos de transición energética, generando a hoy pérdidas estimadas por más de $1,4 billones para las empresas del sector energético, debido a que han tenido que recurrir a la compra de energía en el mercado de corto plazo a precios más altos para cumplir con sus compromisos.
Pero los problemas no paran ahí. Además de los sobrecostos en la energía, si no se resuelven los inconvenientes que han presentado los proyectos de generación de energía eólica, Colombia podría enfrentarse en muy corto plazo -2027- a posibles desabastecimientos, poniendo en riesgo la estabilidad energética del país.
Lo anterior no es sólo una alarma, infortunadamente ya es una realidad. Empresas como EDPR, Celsia y Enel que le apostaron a la energía eólica años atrás, han preferido retirar los proyectos pese a la cuantiosa inversión realizada para lograr el licenciamiento ambiental de los mismos.
La salida de estas compañías no sólo representa una pérdida económica, sino que también pone en entredicho la capacidad de Colombia para atraer inversión extranjera en energías renovables.
Para que la energía eólica en Colombia logre avanzar, Diana Zapata, gerente general de Aval Ambiental, considera fundamental abordar las siguientes propuestas estructurales desde el punto de vista socio ambiental:
- Consulta previa diferenciada y unificada para La Guajira: El Gobierno Nacional debe liderar un proceso único de consulta previa con todas las comunidades de La Guajira, en donde se concerten, de manera previa, las medidas de manejo ambiental y de compensación que un proyecto eólico debe incluir en su construcción y operación, sin que sean necesarios procesos individuales. Se trata de que el Gobierno ejerza su papel de concertación que tiene designado en las legislación actual, sin que para esto se requiera una nueva ley de consulta previa que, dicho sea de paso, no se ha logrado concertar ni expedir.
- Coordinación institucional para la viabilidad ambiental: Siendo La Guajira una región priorizada en el Plan de Desarrollo, se hace necesario un seguimiento exhaustivo desde la Presidencia de la República para sortear los múltiples trámites establecidos en la normatividad ambiental. Lo anterior por cuanto los procesos de licenciamiento han incluido una cantidad considerable de aprobaciones previas que deben ser presentadas a las Autoridades Ambientales en la elaboración del EIA: certificados de la Dirección de Consulta Previa, ICANH, Autoridades Regionales, Secretarías de Planeación Municipal y hasta de empresas privadas que colindan con los futuros proyectos, son algunas de las certificaciones que deben ser incluidas dentro de los estudios. Ni que decir de los estudios a entregar que cada vez son más específicos, generando altos costos y tiempos extensos que no se compadecen con los procesos de licenciamiento ambiental en países vecinos, por lo que los inversionistas muchas veces prefieren realizar sus proyectos fuera de Colombia.
- Revisión de las exigencias para el licenciamiento ambiental. Se requiere una revisión del proceso de licenciamiento, no para incluir estudios adicionales haciéndolos más costosos y extensos, sino para utilizar la información de línea base que el país viene construyendo de manera acertada y diligente desde el Ministerio de Ambiente, el Ideam, los institutos de investigación científica y las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA. No se trata de repetir y acopiar información ambiental a los estudios, sino más bien utilizarla al servicio de los proyectos para ahondar en las medidas de manejo que permitan evitar, prevenir, corregir y compensar los impactos ambientales de los mismos.
“Si bien el nombramiento de Irene Vélez como directora de la ANLA ha generado preocupación en el sector, dado que empresas del rubro energético han manifestado su inquietud sobre el enfoque ambiental que podría adoptar la nueva administración temiendo que se impongan aún más restricciones en lugar de facilitar la ejecución de los proyectos, desde Aval Ambiental confiamos en el papel de coordinación que puede liderar la entrante directora, quien tiene la misión de destrabar los proyectos en La Guajira y que gracias a su experiencia como ministra de Minas, puede ser pieza fundamental para viabilizar los proyectos eólicos que ha trazado el plan de gobierno en línea con las metas de carbono neutralidad fijadas por nuestro país a 2050”, expresa Diana Zapata.
