En la audiencia de imputación de cargos en el caso de corrupción dentro de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentaron cargos contra el exdirector, Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; y el contratista, Luis Eduardo López Rosero.
Según los implicados, se desvió una suma considerable de dinero hacia congresistas para acelerar reformas en la plenaria, dinero que salió del proyecto que parecía ser un hito para La Guajira, la llegada de 40 carrotanques para suministrar a la población con agua potable.
Desarrollo del caso de corrupción de la UNGRD
La fiscal delegada, Andrea Muñoz, amplió el mapa de los implicados, detallando la participación de César Manrique, actual director del Departamento de Función Pública; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; su exasesora, María Alejandra Benavides; Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia; y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
Olmedo López declaró que las coimas de $3.000 millones entregadas a Iván Name, presidente del Congreso en la anterior legislatura, y $1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes fueron una instrucción directa de Carlos Ramón González.
La fiscal Muñoz aseguró que Ricardo Bonilla tuvo un rol en la adjudicación de contratos de la UNGRD a congresistas de las comisiones terceras, relacionadas con el presupuesto.
«Señor Sneyder, usted coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los que estaban indebidamente interesados varios senadores y representantes,» explicó la fiscal.
El pago de coimas a los presidentes del Senado y la Cámara, habrían sido a través de la mediación de Sandra Ortiz.
«Señor López, usted coordinó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name, a través de Sandra Ortiz, y la entrega de $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle, conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González,» afirmó Muñoz.
Implicados no aceptaron cargos
La Fiscalía leyó los cargos que se le imputaban a los sospechosos: concierto para delinquir, peculado por apropiación y en favor de terceros agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.
Olmedo López, cabeza de la entidad en el momento del contrato, no aceptó los cargos imputados, en la audiencia dijo: “Estoy en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía y en orden de ese acuerdo que se está adelantando no me allano a los cargos”.
Sneyder Pinilla, no aceptó los cargos y mencionó estar en una negociación con la Fiscalía. «Siempre he estado dispuesto a decir la verdad, aunque temo por mi vida, ya que son personas muy poderosas, y estoy en un principio de oportunidad,» señaló.
Por su parte, Luis Eduardo López Rosero, quien se adjudicó el contrato de los carrotanques, tampoco aceptó los cargos imputados. «Espero llegar a una negociación con la Fiscalía, reparando a quienes se hayan visto afectados por esta situación. Agradezco que se nos haya abierto la posibilidad de negociar,» comentó.
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¿Qué seguirá?
El rechazo de los cargos por parte de los implicados dejó una nueva audiencia programada, la de medida de aseguramiento, la cual será el próximo miércoles 7 de agosto a las 9:00 de la mañana.
El juez les advirtió que no podían transferir ni vender ningún bien que poseyeran. A continuación, preguntó a la Fiscalía si ya habían identificado los bienes de los acusados.
Luego, el juez consultó a la Fiscalía sobre cuánto tiempo necesitarían para organizar y entregar a todas las partes involucradas la copia de las pruebas materiales. La fiscal solicitó una semana para completar esta tarea.
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