La justicia acaba de resolver una acción popular que representa una de las mayores condenas por corrupción a empresas privadas. Se trata de un recurso judicial que había interpuesto el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017.
El fallo declaró la suspensión definitiva del contrato de la Ruta del Sol, así como de todas sus adiciones y modificaciones, pero también tiene implicaciones para quienes hicieron parte de ese entramado.
La multa que impone el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es una de las más altas que ha emitido la justicia. Obliga al pago de $800.000 millones que deberán asumir de manera solidaria todos los miembros del consorcio.
Es decir, Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana) y el grupo Solarte. Este monto, que con el cambio podría significar alrededor de US$250 millones, es superior a todas las cifras que en los tribunales se han mencionado por cuenta de este escándalo.
Hay que recordar que, por ejemplo, Odebrecht había ofrecido apenas $30.000 millones como compensación por los hechos al Estado colombiano.
La decisión también declara responsable por corrupción a todas las personas jurídicas que participaron en ese contrato, es decir los tres socios y la Agencia Nacional de Infraestructura.
Por otro lado, también condena a las personas naturales involucradas judicialmente en el escándalo: el ex viceministro Gabriel García Morales, el ex senador Otto Bula, el ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo y los llamados tres luises de Odebrecht: Luiz Bueno, Luis Mameri y Luis da Rocha al pago de esa millonaria indemnización y los sanciona, al igual que a las personas jurídicas, con la inhabilidad para contratar por 10 años con el Estado.
