El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hizo una serie de recomendaciones al próximo jefe de cartera, Germán Ávila, quien asumirá como el cuarto ministro de Hacienda en el actual gobierno.
En su columna de opinión publicada en El Tiempo, calificó la salida de Diego Guevara como «el evento más desafortunado de la semana» y señaló que su reemplazo deberá tener la capacidad de decirle «no» al presidente Gustavo Petro cuando sea necesario.
Ocampo criticó la decisión de Petro de remover a Guevara por su propuesta de aplazar gastos por $12 billones, una medida que según él era imprescindible dadas las condiciones fiscales de Colombia.
Déficit fiscal y aumento de la deuda pública
El exministro advirtió que la situación es ‘crítica’ y que el país enfrenta un alto déficit heredado tanto del gobierno de Iván Duque como de la actual administración.
Destacó que la deuda neta del Gobierno Nacional, que se incrementó del 34,2 % al 61 % del PIB durante la pandemia, sigue siendo un reto. A pesar de una leve reducción en 2023, se prevé que este año aumente nuevamente hasta un 63 % del PIB, lo que dejaría al próximo gobierno con la deuda pública más alta en la historia reciente del país.
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Además, alertó sobre las posibles consecuencias de esta situación, como la pérdida del acceso a la línea de crédito flexible del FMI y la eventual degradación de la calificación de riesgo por parte de Moody’s, lo que encarecería la deuda pública y dificultaría la política monetaria del Banco de la República.
La urgencia de mayores recortes
Los cálculos de Ocampo subrayan que los recortes fiscales deben ser de al menos $23 billones, aunque el Comité de la Regla Fiscal estima que deberían duplicarse.
Por otro lado, criticó la proyección de la DIAN de recaudar $15 billones mediante lucha contra la evasión, calificándola de irrealista, y señaló que los gastos de funcionamiento del Estado están tres puntos del PIB por encima de los niveles prepandemia.
Finalmente, insistió en que los ajustes fiscales no deben afectar inversiones estratégicas, como la construcción del metro de Bogotá o proyectos de infraestructura financiados con vigencias futuras, ya que estos deben considerarse equivalentes a deuda pública.
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