El análisis de la reforma pensional en la Corte Constitucional sigue enfrentando demoras. El procurador Gregorio Eljach solicitó declararse impedido para emitir el concepto que debe presentar ante la Corte, un paso clave en el proceso de revisión de la norma.
La reforma, demandada por presuntos vicios de trámite, aún debe pasar por varias etapas antes de que se tome una decisión definitiva. Sin embargo, el pronunciamiento de la Procuraduría es un insumo fundamental para que la Corte pueda avanzar en la elaboración del proyecto de fallo. Sin este documento, el estudio del caso queda en el aire y la revisión se sigue postergando.
Eljach argumentó que podría estar incurso en una causal de impedimento, ya que en su anterior rol como secretario general del Senado participó en el trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024, que hoy está en discusión. En su comunicación, explicó que, en ejercicio de sus funciones, asistió a las sesiones del Senado, redactó y firmó actas, dio lectura a los proyectos en plenaria, informó sobre votaciones y gestionó documentos oficiales, entre otras responsabilidades inherentes al cargo.
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En su solicitud, el procurador aseguró que su decisión busca «garantizar la imparcialidad y probidad en la actuación», en línea con lo establecido en los procesos de control abstracto de constitucionalidad.
«Por lo anterior, solicito respetuosamente a la Corte Constitucional que considere el presente impedimento y proceda según lo que en derecho corresponda», concluyó en su escrito.
Con esta petición, el proceso de revisión de la reforma se sigue dilatando, ya que la Corte deberá primero resolver el impedimento antes de recibir el concepto de la Procuraduría y continuar con el análisis de la norma. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de la reforma pensional persiste.
Y es que, debido a un error de trámite en la Corte Constitucional, el estudio del proyecto quedó en pausa a pesar de estar prácticamente listo para ser discutido en la Sala Plena. Cabe mencionar que la reforma entrará en vigor el 1 de julio, por lo que el tiempo apremia para que la Corte tome una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
