Los jóvenes cada vez toman más protagonismo en el sector laboral, y no precisamente por su presencia en él, sino por las faltas de oportunidades y garantías que los rodean. En muchas ocasiones, el mayor reto que tienen no es la falta de experiencia, sino la brecha entre las habilidades que adquieren y las demandas reales del mercado.
Durante una sesión de la Comisión Accidental de la Juventud del Congreso de la República, Fundación Corona fue invitada a fortalecer la agenda legislativa especializada de este grupo multipartidista de representantes, con un proyecto de ley destinado a impulsar el empleo para jóvenes en Colombia. La propuesta busca reducir las barreras de acceso al mercado laboral para jóvenes en edad de trabajar, y proyecta posibles soluciones a problemas estructurales como la falta de experiencia laboral, la informalidad, y la desconexión entre la educación y las oportunidades de empleo.
El proyecto fue construido de manera participativa, en donde consultaron a dos implicados: especialistas en empleo juvenil y jóvenes en distintas regiones del país, que ayudaron a aterrizar el proyecto de ley a la realidad que ellos viven.
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¿Cuál es la propuesta?
El eje central son cuatro estrategias diseñadas para fomentar el empleo:
- Acompañamiento a la inmersión laboral: la creación de un programa por parte del Ministerio de Trabajo en donde se le haga un acompañamiento a los jóvenes durante seis meses para brindarles orientación socio-ocupacional, información sobre el comportamiento del mercado laboral, oportunidades de empleo y formación. A su vez, un Certificado Laboral Único (CLU) en donde se especifique información de la educación, experiencia, antecedentes y referencias del joven, esto con el fin de reducir barreras de desconfianza en el proceso de contratación.
- Mercados competitivos para la formación y colocación de empleo: diversificar la distribución de los recursos parafiscales, incluyendo instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano debidamente autorizadas, así como prestadores de colocación de empleo avaladas por la Unidad del Servicio Público de Empleo. Además, desarrollar un modelo de pago por resultados, donde los fondos se asignen según el éxito en la graduación de estudiantes y su inserción en el mercado laboral.
- Fomento al empleo juvenil: proponer una tercera opción para que además de los contratos de aprendizaje y la monetización de esta cuota, las empresas puedan vincular jóvenes mediante modelos de formación dual u ofrezcan opciones de inmersión laboral. Reducir el costo de los contratos de aprendizaje para que sea más atractivo.
- Modificación al auxilio de cesantías: permitir el retiro de cesantías mientras se está empleado para financiar el cuidado de familiares en primer y segundo grado de consanguinidad. Por otra parte, crear un componente de solidaridad y redistribución de cesantías que destine el 10 % de los rendimientos anuales a un fondo de apoyo para jóvenes desempleados.
“En Bogotá, el 52 % de las y los jóvenes afirmaron que el trabajo que desempeñan no tiene ninguna relación con lo que estudiaron, llevándolos a considerar opciones como migrar y establecerse fuera del país. Por ejemplo, del 53 % de jóvenes que consideran esta opción, el 38 % lo hace en busca de mejores oportunidades de empleo, donde lo que más valoran al momento de acceder a un empleo es su salud física y mental, el acceso a vivienda y la seguridad personal”, destacó Camilo Franco, director de Goyn Bogotá.
“El 40 % de los jóvenes en la ciudad y el Área Metropolitana no estudia ni trabaja o tiene un empleo informal. Hemos aprendido que los jóvenes de la ciudad no solo buscan oportunidades, sino que quieren construirlas. En los próximos dos años, el 37 % se ve a sí mismo estudiando y el 33 % trabajando. Sin embargo, carecen de redes de apoyo, y el 50 % indica que no tiene la experiencia laboral requerida por los empleadores o que esta no es suficiente”, afirmó Lilian Urueta, directora de la iniciativa Goyn Barranquilla.
La iniciativa, que involucra a entidades como el Ministerio del Trabajo, la Unidad del Servicio Público de Empleo, Sena, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Dian y la Procuraduría, se espera que inicie su trámite en la agenda legislativa, donde será debatido y ajustado con la meta de fortalecer el acceso de los jóvenes al empleo formal y digno.
