El Ministerio de Hacienda publicó un nuevo decreto que modifica la norma relacionada con la actividad de financiación colaborativa, más conocida como crowdfunding, con el fin de “integrar los servicios financieros en las actividades cotidianas de los ciudadanos”, según el Gobierno.
La norma, en términos generales, incluye por primera vez a las personas naturales como actores en capacidad de desarrollar proyectos productivos, un papel que antes solo podían ejercer las personas jurídicas, patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva cerrados, fondos de capital privado y procesos de titularización.
Estos proyectos productivos venían solicitando préstamos a través de dos plataformas de financiación colaborativa (A2censo y Bloom Crowdfunding), las cuales los ponían en contacto con futuros aportantes que estaban dispuestos a respaldar emprendimientos de pequeñas empresas con posibilidades de crecimiento.
También posibilita que los financiadores brinden servicios complementarios, tras identificar otras barreras que enfrenten los proyectos al momento de inscribirse en las plataformas para solicitar respaldo económico, como el diligenciamiento de documentos técnicos y la estructuración de la financiación (incluye monto de deuda, intereses, plazos).
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Sin embargo, el decreto podría terminar por limitar el acceso a este instrumento, de acuerdo con Daniel Vallejo CEO de Danva Capital. “Aunque reconozco la necesidad de regular ciertas actividades para proteger a la población, considero que esta norma no favorece ni facilita el uso de estos nuevos instrumentos”, dijo el vocero.
Y es que el nuevo decreto, que fue publicado como proyecto en julio del año pasado y se mantuvo para comentarios por un plazo de un mes, establece requerimientos adicionales y determina un límite (20 % de los ingresos anuales o patrimonio de los inversionistas) para evitar sobreapalancamiento.
“Esta restricción no solo limita la adopción de estos instrumentos de financiación, sino que también reduce la motivación para facilitar la búsqueda de aportantes necesarios para que la campaña sea exitosa”, advirtió Vallejo.
Así mismo, la norma establece que los emprendimientos de las personas naturales tendrán una duración máxima de tres años en las plataformas. “Esto cambia significativamente la naturaleza de las contribuciones y puede desalentar el interés en participar”, concluyó Vallejo.
Crowdfunding, instrumento de inclusión crediticia
En el marco de la Política de inclusión crediticia, el Gobierno argumentó que “es necesario incentivar el acceso a la financiación formal mediante mecanismos que generen eficiencias en costos, permitan el uso de nuevas tecnologías y esquemas de innovación”.
El crowdfunding, que está regulado en Colombia desde 2018, ha ganado importancia dentro del ecosistema del sector financiación y la financiación de pymes, según el Gobierno, como un mecanismo de inversión para diferentes tipos de aportantes, especialmente del sector retail.
La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) tiene cifras que dan cuenta de la financiación de más de 200 proyectos productivos por un valor cercano a los $90.000 millones y la participación de casi 13.000 inversionistas que ponen en promedio $1,1 millones.
Países como México, Brasil, Perú y España tienen regulada la actividad de crowdfunding y su tratamiento para proyectos productivos de personales naturales, quienes han mostrado una gran necesidad de financiación, demostrando que es posible ampliar los beneficiarios y fuentes de recursos.
En Colombia se espera que con este decreto también las personas que tienen emprendimientos encuentren manera de reemplazar la financiación informal y puedan abandonar prácticas como el gota a gota, tal como lo plantea la Estrategia de inclusión crediticia para la economía popular del Gobierno.
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