Un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y los empresarios inició este 2025, esta vez con el Grupo Portuario, que operan en el muelle 13 de Buenaventura.
La polémica inició por la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que mediante la resolución 00004 del 2 de enero de 2025, suspendió la operación del muelle 13.
De acuerdo con la ANLA, “esta medida se adoptó debido a que los manejos ambientales actuales desconocen presuntamente las medidas de manejo ambiental que deberían implementarse frente a los impactos ambientales actuales y a la necesidad de tener claridad frente a las circunstancias reales y materiales del proyecto”.
Petro y el choque en el puerto de Buenaventura
El Grupo Portuario rechazó la decisión de la ANLA, calificándola como “desproporcionada” y “arbitraria”.
“Grupo Portuario S.A. rechaza la resolución emitida por tratarse de un acto desproporcionado, ya que exige un nuevo estudio ambiental, desconociendo la vigencia del Plan de Manejo Ambiental de 2002, que el concesionario ha implementado cabalmente (…) resulta arbitraria la interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, considerando que se trata de un servicio público esencial, con grandes repercusiones sociales, económicas y laborales”, se lee en el documento emitido por la empresa.
La empresa señaló que la suspensión de operaciones ha tenido un efecto negativo en la logística del puerto y pone en peligro la continuidad de las cadenas de suministro y crea incertidumbre en el comercio internacional.
Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el asunto, criticando a la autoridad portuaria de Buenaventura por no haber identificado los problemas relacionados con la contaminación de los granos almacenados en el muelle 13.
El mandatario señaló que la presencia de palomas en el terminal habría contaminado productos como trigo, garbanzo y lentejas.
“Cómo es posible que la autoridad portuaria de Buenaventura no haya observado lo que la ANLA observó, si centenares de palomas (estaban) ensuciando todos los días los granos importados en el llamado Muelle 13: trigo, garbanzo, lentejas y otros, para la alimentación de las y los colombianos. Las mujeres embarazadas y sus bebés quedan expuestas a la toxoplasmosis. Esta enfermedad puede provocar abortos, deformaciones o muertes de bebés o mujeres en embarazo”, escribió el presidente.
Mientras la ANLA defiende la necesidad de garantizar los estándares ambientales adecuados, el Grupo Portuario subraya que la medida perjudica gravemente la actividad económica y social de la región. Por ahora, el futuro de las operaciones en el muelle 13 sigue siendo incierto, mientras las partes involucradas intentan resolver un conflicto.
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Una pelea de vieja data
La controversia en torno al puerto se remonta a años atrás. A finales de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobó la renovación de la concesión al Grupo Portuario, pero cinco días después se echó para atrás con la decisión.
La empresa demandó y ganó en primera instancia, lo que resultó en la suspensión de la resolución que negaba la renovación de la concesión. Después, el Consejo de Estado rechazó la demanda presentada por el Grupo Portuario S.A. contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que buscaba que se cumpliera el contrato de operación del Muelle 13 en Buenaventura.
El fallo subrayó que este tipo de controversias debe resolverse mediante otros mecanismos legales, como la nulidad, y no por una acción constitucional.
En medio de este conflicto, la Procuraduría General de la Nación intervino, ordenando una investigación disciplinaria contra el entonces ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, por las presuntas irregularidades en su decisión.
La lista de investigados también incluyó a otros funcionarios, como la viceministra general (e) del Ministerio de Hacienda, Sandra Yolima Esguerra Castañeda; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente, entre otros. e
El ente de control sostuvo que los investigados habrían incurrido en falsa motivación, al argumentar en la retractación que la decisión podría generar graves afectaciones ambientales en el territorio de Buenaventura, sin aportar evidencia ni contar con un concepto al respecto de la Superintendencia General de Puertos. Además, se les acusó de desconocer el concepto emitido por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), la máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito.
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