Las recientes modificaciones presupuestales impulsadas por el presidente Gustavo Petro han generado incertidumbre entre los empresarios e inversores interesados en hacer negocios en Colombia.
Este debate surge en el contexto del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para el presente año por el Congreso de la República.
En este decreto no se presenta un desglose detallado de los recursos destinados a varias subpartidas de sectores económicos y a más de 100 proyectos. Según la información disponible, se estima que aún hay $13 billones que no han sido asignados a un destino específico en las cuentas del Gobierno para este año.
¿Por qué las movidas presupuestales generan tantas dudas entre los empresarios?
Varias entidades han expresado su preocupación y han enviado cartas al Gobierno solicitando que reconsidere la decisión. Una de ellas es el Consejo Privado de Competitividad, que se ha unido a las voces que han levantado alertas al respecto.
La entidad ha señalado que el proceso de transformación de la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) en ejecución del gasto y proyectos públicos debe ser conocido, predecible y estable en el tiempo.
Destacan la importancia de mantener la transparencia y la asignación precisa de recursos detallada en el decreto de liquidación del PGN, no solo dentro del marco legal, sino también para preservar la competitividad.
El Consejo hace un llamado a todos los actores estatales para colaborar en la resolución de la coyuntura actual que afecta al Presupuesto General de la Nación, ofreciendo su apoyo en este esfuerzo.
En la lista de entidades también entra la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings que lanzó un informe sobre las movidas que ha promovido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024.
La firma dijo que estará atenta a la evolución de la discusión sobre los presuntos yerros en el presupuesto de 2024 y el impacto que esto podría tener sobre la capacidad de pago de entidades relacionadas con gobiernos que desarrollan proyectos financiados con vigencias futuras (VF) provenientes de la Nación.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) también emitió una alerta, pues sostienen que dicho ajuste no debe castigar los proyectos que, precisamente, generan dinamismo en la economía, como la infraestructura, grandes vías y construcción de vivienda.
“Ante un desafío de crecimiento que se presenta en el país, lo que nuestra economía requiere para crecer, es impulsar la inversión productiva reactivando la infraestructura y honrando los compromisos de vigencias futuras sobre los procesos que actualmente están en marcha, garantizar el flujo de recursos, en sectores como infraestructura y vivienda evitará una parálisis económica y destrucción del empleo”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia.
El gremio de infraestructura, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) lanzó una alerta por la omisión de la desagregación de $12,5 billones para infraestructura. El presidente de la entidad dice que hay otros mecanismos para sancionar los atrasos y no afectar así todo el proyecto.
De acuerdo con la Cámara, la no expedición del decreto de liquidación ya ha tenido sus consecuencias.
“Ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de vías (Invías) como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año”, mencionó Juan Martín Caicedo, presidente del gremio.
Según la CCI, esta situación podría desembocar en la suspensión del tránsito en importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato expira el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel se vería obligado a cerrarse.
Las voces de alerta por movidas presupuestales no están siendo escuchadas
El Consejo Gremial Nacional fue otra entidad que criticó la idea planteada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de renegociar las vigencias futuras, de tal modo que unos recursos puedan usarse para proyectos diferentes a los previstos.
“El mecanismo de vigencias futuras permite al Estado comprometerse a atender obligaciones en periodos futuros más allá de las vigencias presupuestales durante las cuales se asumieron dichos compromisos”, dijo el Consejo Gremial.
Y anotó: “Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores”.
Así las cosas, son numerosas las opiniones de empresarios e inversores que discrepan con la decisión, instando a que no se alteren las reglas de juego y se evite poner en peligro proyectos en marcha. Hasta el momento, el Gobierno no ha proporcionado más detalles ni ha respondido a los gremios y asociaciones.
