El megaproyecto Ruta Caribe 2 está a punto de ser liquidado y, con esto, un negocio de más de $4 billones está a punto de caerse en Colombia.
La decisión la deberán tomar la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Autopistas del Caribe, de la cual hacen parte las firmas KMA, Grupo Ortiz y H+Era.
¿Por qué se caería negocio de más de $4 billones en Colombia?
Las empresas se encuentran ejecutando un megaproyecto entre Cartagena – Barranquilla, que sería paralelo a la Vía al Mar y que permitiría mover carga entre ambas ciudades.
Su adjudicación se dio a mediados de 2021, mientras que sus obras tuvieron luz verde en 2022.
A pesar de lo anterior, el negocio de más de $4 billones podría caerse en Colombia por un conjunto de problemas, que comenzaron a aflorar hace un año y medio.
Desde ese momento, el peaje de Turbaco dejó de cobrarse por problemas con las comunidades, situación que no ha cambiado hasta ahora y que hoy tiene en vilo al megaproyecto.
Detrás de esto ha estado el comité ‘Familia No + Peajes’, así como algunos políticos locales, quienes aseguran que esta caseta debería ser desmontada totalmente de la zona.
No obstante, al tratarse de una iniciativa privada, Autopistas del Caribe depende 100 % de los peajes y, para ello, planteó diversas alternativas en conjunto con la ANI.
De hecho, en los últimos meses, las partes se reunieron en 12 ocasiones, con el fin de explicar la importancia del negocio de más de $4 billones en Colombia.
Así como para escuchar a las comunidades y plantearles soluciones, de tal modo que las obras pudieran continuar en sus 253 km de longitud, que incluyen 75 km de construcción de doble calzada.
Último intento fallido para salvar el megaproyecto
La ANI presentó, en su momento, dos alternativas con tarifas diferenciales para la comunidad de Turbaco y Arjona, e incluyó el traslado de la caseta tras el desarrollo de un estudio de reubicación.
Ninguna de estas fue acogida por los integrantes de ‘Familia No + Peajes’, quienes insistían en el desmonte total y definitivo de la caseta fuera del departamento de Bolívar.
Ante esta situación, la ANI presentó una última propuesta para salvar el negocio de más de $4 billones en Colombia, que incluyó no cobrar durante un año el peaje de Turbaco para categorías 1 y 2, y sí aplicarlo a transporte de carga.
Y, sumado a lo anterior, trasladar las casetas fuera de ese municipio, para lo cual se haría un estudio socioeconómico.
“Esta propuesta se realizó teniendo en cuenta que, desde diciembre de 2021, el cobro está suspendido, lo cual ha generado un déficit de $84.000 millones para la Nación”, dijo la entidad.
Pero, aún así, el desenlace fue otro: el grupo de ciudadanos rechazó este último intento y, con esto, el negocio de más de $4 billones está a punto de caerse en Colombia.
Liquidación del contrato, a la vista
Si esto sucede, el contrato tendría que liquidarse, lo que, a su vez, llevaría a que se perdieran miles de empleos y aportes a la economía, que están previstos en $4,3 billones.
De hecho, según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), esta decisión “traería consigo una andanada de consecuencias tremendamente nocivas para la conectividad, la competitividad y el desarrollo de la costa Caribe”.
Según el gremio, el golpe podría llegar a unos 4.800 empleos directos y 2.700 indirectos, al tiempo que se vería golpeada la seguridad en la región y habría una dinámica económica mucho más ralentizada.
De allí que Caicedo pidiera dejar de lado “una politiquería barata y del oportunismo irresponsable de unos pocos que pueden frustrar el desarrollo vial de la Costa Norte”.
“Sería inadmisible, por lo demás, que una postura radical e intransigente de un grupo aislado, termine anteponerse al progreso del país”, concluyó.
Por su parte, el gerente de la concesión Autopistas del Caribe, Ernesto Carvajal, lamentó la decisión del comité de ciudadanos, que tiene en vilo el negocio de más de $4 billones en Colombia.
“Rechazamos la posición y la decisión del Comité No Más Peaje y de algunos políticos y mandatarios locales, frente a la propuesta presentada por la ANI, toda vez que esta conduciría a la liquidación del contrato de concesión y perdería toda la región Caribe”, dijo.
Y agregó: “El concesionario tendrá que revisar los pasos a seguir si este indeseado escenario se activa”.
