
En días recientes, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la nueva Ley contra el Ruido, cuyo objetivo es reducir significativamente la contaminación acústica y fomentar una convivencia armoniosa en el país, especialmente en conjuntos residenciales.
Con la implementación de esta ley, se establecerán controles específicos para evitar niveles excesivos de ruido. La legislación, promovida por el representante a la Cámara Daniel Carvalho, se prevé que entre en vigor en un plazo de seis meses.
En este contexto, los ciudadanos deberán regular los niveles de ruido, en particular aquellos que residen en conjuntos residenciales o edificios. La normativa establece que, en zonas residenciales, el límite permitido es de 55 decibeles durante el día y 45 decibeles en la noche.
La Policía Nacional será la entidad encargada de hacer cumplir esta ley una vez entre en vigencia. Quienes la infrinjan serán sancionados con multas de acuerdo con la gravedad de la infracción.
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Multas por incumplimiento de la Ley del Ruido
La normativa contempla cuatro tipos de sanciones económicas, determinadas según el nivel de infracción:
- Multa tipo 1: 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a $94.900 en 2025.
- Multa tipo 2: 4 salarios mínimos diarios, es decir, $189.800.
- Multa tipo 3: 8 salarios mínimos diarios, equivalentes a $379.600.
- Multa tipo 4: 16 salarios mínimos diarios, correspondientes a $759.200, aplicables en casos de exceso grave sobre los límites permitidos.
En el caso de eventos culturales o artísticos, se permitirá un mayor nivel de ruido, siempre y cuando estos se realicen en horarios específicos y cuenten con la autorización de las autoridades locales. Las áreas destinadas a estos eventos deberán ser definidas para minimizar el impacto en los residentes.
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Las multas por incumplimiento en eventos dependen del número de asistentes y se calculan con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV):
- Eventos con hasta 300 asistentes: entre $142.350.000 y $213.525.000.
- Reuniones de 301 a 600 personas: entre $214.948.500 y $355.875.000.
- Eventos con 601 a 5.000 personas: entre $357.298.500 y $498.225.000.
- Aforo superior a 5.000 personas: entre $711.750.000 y $1.138.800.000.
La responsabilidad de aplicar y supervisar estas sanciones recaerá en las autoridades locales, particularmente en las alcaldías y comandantes de policía, quienes deberán garantizar el cumplimiento de la normativa.