Moody’s estimó que la reforma a la ley de la industria eléctrica de México que está en tránsito en el legislativo aumentaría los costos de generación y tendría un impacto negativo en la calificación del sector.
El proyecto pretende priorizar el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de carácter estatal, sobre cualquier tipo de fuente privada, sea de propietarios nacionales o internacionales.
Los cambios a la norma ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y están en manos del Senado. El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador impulsa esa iniciativa bajo la premisa de que el país debe ser independiente en el ámbito eléctrico.
No obstante, se han detectado factores de riesgo en esa propuesta. La analista de Moody’s, Roxana Muñoz, mencionó la falta del almacenamiento de los hidrocarburos y la poca variedad en las fuentes de energía.
Actualmente, gran parte de la energía que se produce en México viene de la importación de gas licuado desde Texas, Estados Unidos. Es decir, su conexión depende de un abastecimiento externo.
A comienzos de febrero, cuando hubo un apagón en el norte del país, el Gobierno recibió críticas por no tener ese elemento almacenado y el Ejecutivo aprovechó la contingencia para reforzar su discurso de la “soberanía energética”.
En ese momento, 5,5 millones de usuarios se quedaron sin electricidad y el servicio se reestableció a partir de otras fuentes. La situación tuvo un impacto económico de 20 mil millones de pesos mexicanos, lo que equivale al 4 % del gasto operativo anual de la CFE.
Moody’s considera que los recursos propios de la compañía son insuficientes para el fondeo de la totalidad de ese gasto. Además, no esperan inversión privada dada la incertidumbre en el sector.
Hoy en día la calificación de la CFE es BAA con perspectiva negativa. Ese rango está alineado con el que tiene México. Moody’s explica que la perspectiva se da por riesgos en la distribución y de carácter ambiental porque no esperan que el país cumpla con sus metas de generación limpia.
La incertidumbre aumentaría con la nueva norma. “De ser aprobada la ley podríamos esperar un incremento en los costos de generación porque se estarían utilizando combustibles más caros y contaminantes”, expresó Muñoz. También evalúan el reto del potencial incremento en los niveles de deuda de la CFE.
La principal modificación del proyecto de reforma a la industria eléctrica es que cambia la prioridad de despacho: primero se evacuarían del sistema las plantas del CFE antes que las de fuentes renovables o de los generadores privados.
El analista de Moody’s, Adrian Garza, comentó que “esto es un desincentivo para desarrollar más energía renovable porque no se le está dando prioridad, como sí sucede en otros mercados”.
Por eso, Garza considera que, de darse ese cambio, traerá “menor inversión privada”. Vale anotar que, por ahora, se conoce que CFE planea invertir, especialmente, en gas, y no en fuentes más limpias.
Si el Senado aprueba la ley, se daría un periodo de 180 días para que entre en vigor. Todavía es temprano para cuantificar el impacto porque falta el marco regulatorio. Entonces, existe incertidumbre en el impacto crediticio en el sector.
Se esperaría que los costos de generación suban porque se planean utilizar elementos más caros como el combustóleo y el carbón, a diferencia de las renovables que son más económicas y limpias desde lo ambiental.
No obstante, Moody’s dice que esos retos no tienen, por ahora, un impacto automático en la calificación del CFE. “Este evento se va a traducir en mayores costos que al final del día pagarán muchos en sus recibos”, puntualizó Garza.
En 2020 hubo una reducción en los costos operativos del CFE del 31 % respecto a 2019, por bajos precios del gas natural importado y el bajo costo de las energías renovables.
Esto, en un contexto difícil para la economía de México porque el PIB cayó 8,5 % en 2020.
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