La Superintendencia de Sociedades de Colombia dio a conocer que inició actuación administrativa para someter al grado de supervisión denominado “control” a Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
Lo anterior por cuenta de la posible venta de sus acciones, dada la financiación que percibe mayoritariamente por sus vinculados, la cual, “en el escenario de una enajenación de sus participaciones podría generar y materializar un riesgo de insolvencia”.
Dice la Supersociedades que el control para este caso en Monómeros es el máximo grado de supervisión, de carácter societario, que ejerce la Superintendencia de Sociedades, con miras a preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo.
“El grado de supervisión denominado “control” no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos”, dijo la entidad.
Así mismos esta decisión no restringe los derechos de propiedad de los titulares de las acciones de la compañía, “dado que la medida recae sobre la sociedad exclusivamente en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995”.
¿Qué viene para Monómeros?
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez declaró, “nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, cuya consecución redunda en favor de los grupos de interés, mediante acciones preventivas, de acompañamiento y supervisión”.
Agregó el funcionario que, en ese sentido, ante posibles riesgos que afectan “el interés general nuestro deber es actuar oportunamente, conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y en el caso particular de Monómeros, por su relevancia para el agro, la soberanía alimentaria y los campesinos colombianos”.
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La Superintendencia de Sociedades continuará cumpliendo, dijo, su objetivo de preservar el orden público económico en Monómeros, garantizando los principios y derechos previstos en la Constitución y la ley.
