En entrevista con Valora Analitik, la presidenta del Acopi (el gremio que reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas) Rosmery Quintero, afirmó que están avanzando en diálogos con el Gobierno Nacional para realizar una reforma estructural a la Ley 590 del 2000, mejor conocida como la Ley Pyme.
“Esta ley Pyme tiene más de 15 años, las cosas han cambiado y es necesario realizar una modificación”, dijo Quintero.
La funcionaria explicó que la reforma a la Ley Pyme, propuesta por Acopi, se basa en cuatro principios:
– La institucionalidad para el desarrollo de las mipymes
– El acceso a mercados para la sostenibilidad
– El desarrollo tecnológico y talento humano
– El acceso a la financiación diferencial
Para desarrollar estas cuatro bases se implementarían distintas iniciativas como la obligatoriedad de que el 30% del gasto público de las entidades regionales (alcaldías, municipios, gobernaciones) se realice en productos o bienes prestados por mipymes.
También se están solicitando facilidades para el financiamiento de las mipymes e incentivos para el emprendimiento de las mismas.
“Uno de los puntos fiscales que más nos interesa es la prórroga del pago del IVA para las mipymes. Queremos que se les dé un plazo de tres meses a este tipo de empresas sin que paguen intereses. Esto haría que las mipymes fueran mucho más competitivas”, explicó Quintero.
Ley de pronto pago
La ley de pronto pago es otro tema crucial en la agenda de Acopi y para sacarla adelante hay dos caminos que ya están recorriendo.
El primero es un proyecto de ley que ya está radicado en la Cámara de Representantes en el cual se estipula que el pago a proveedores no puede ser superior a 60 días, por lo cual se le conoce como ley de pago a 60 días.
Esta iniciativa empezará debate a mediados de marzo y debe sortear cuatro de estas discusiones para ser aprobada.
En el proyecto de la ley de pago a 60 días se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la misma y que aquellas empresas que incumplan la norma tendrían sanciones de hasta el 15% del monto que se adeuda.
También se especifica que la reducción de los plazos del pronto pago sería gradual empezando en 60 días durante cinco años, pasando luego a 45 días y finalizando en 30 días.
Sin embargo, en la propuesta de modificar la Ley Pyme también está incluida la iniciativa de la ley de pronto pago con características similares al proyecto que ya está radicado en el Congreso.
Se podría decir que la ley de pronto pago tiene dos vidas, una en el proyecto radicado ya en la Cámara de Representantes y la otra en la modificación de la Ley Pyme que sería presentada en el Congreso a finales de marzo.
