En las últimas horas se ha intensificado un conflicto entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, debido a los retrasos en la entrega de subsidios a EPM y sus filiales.
La tensión aumentó luego de que un juez de la República ordenara el embargo de cuentas de la Nación por más de $80.000 millones para saldar la deuda pendiente con EPM y sus empresas asociadas.
Tras esta decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que su administración se vio obligada a recurrir a esta medida ante la falta de respuesta del Gobierno, ya que la restricción de recursos ha afectado la sostenibilidad financiera de la empresa y la prestación de los servicios públicos.
El Gobierno Nacional reaccionó de inmediato. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a través de su cuenta en X, calificó el embargo como una estrategia política con multas electorales. Además, argumentó que las cuentas de la Nación son inembargables, lo que daría lugar a una impugnación de la medida.
En este contexto, Palma solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una inspección inmediata a EPM. Según el Ministerio, el propósito de esta acción es verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual, así como garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.
De acuerdo con la solicitud, publicada por El Tiempo, la Superintendencia deberá comprobar si EPM ha cumplido con sus obligaciones legales y contractuales, además de evaluar el impacto financiero de los retrasos en los subsidios estatales.
Reacción de sectores políticos a la respuesta de MinMinas.
Ante esto, el senador Hernán Cadavid emitió una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación, en la que solicitó una “vigilancia especial sobre los procedimientos administrativos en contra de EPM”.
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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Petro, señalando su comportamiento como la de un “dictador”. Además, convocó a las “fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender a nuestra empresa 100 % pública”.
Cabe destacar que el artículo 370 de la otorga al presidente la facultad de Constitución para definir las políticas de administración y control de los servicios públicos domiciliarios, así como de ejercer vigilancia sobre las entidades prestadoras mediante la Superintendencia. Con base en esta normativa, el Ministerio ha instalado a la entidad reguladora para tomar medidas para aclarar la situación de EPM.
La resolución de este conflicto dependerá de la decisión final de los tribunales sobre la validez del embargo y de los resultados de la inspección solicitada a la Superintendencia. En cualquier caso, la situación evidencia la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la necesidad de un diálogo efectivo para garantizar la prestación de los servicios públicos.
