El Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Colombia firmaron una circular para reforzar las medidas contra la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos manejados por las entidades del sector agricultura.
Durante la rueda de prensa, que tuvo lugar en el salón de conferencias de la Casa de Nariño, se dieron a conocer los lineamientos para implementar mecanismos de supervisión y seguimiento de los procesos de contratación para así identificar de manera oportuna posibles desviaciones de recursos
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, aseguró que “con esta circular estamos reiterando nuestro deber por salvaguardar los recursos públicos de nuestro sector. Por eso necesitamos que las entidades adscritas y vinculadas puedan, de manera específica, adelantar procesos contractuales acordes con la ley, implementando una supervisión rigurosa y una interventoría transparente”.
Asimismo, se hizo énfasis en que las entidades públicas seguirán adoptando mecanismos de control interno, de alertas tempranas y el uso de pólizas de cumplimiento para prevenir cualquier irregularidad, además de rendir cuentas periódicamente ante los organismos de control.
“Instalaremos una mesa permanente de monitoreo a los procesos contractuales del sector Agricultura, para poder prevenir cualquier irregularidad o desviación de los recursos que este Gobierno ha destinado para sacar adelante la Reforma Agraria. Así garantizaremos que toda la ejecución en este 2025 tenga un impacto real en la transformación de la vida de las y los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades negras”, agregó la alta funcionaria.
Frente a los hallazgos hechos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, sobre el convenio 542 de 2024 suscrito entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Alianza Colombiana De Instituciones Públicas De Educación Superior RED SUMMA, la ministra Carvajalino reiteró que acompañará las denuncias respectivas ante los organismos de control para que se lleven a cabo los procesos penales y disciplinarios a los que haya lugar.
