El ministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo a Credicorp Capital en entrevista que es necesario repensar la Regla Fiscal porque esta no puede ser estática, aunque su existencia sea fundamental como señal a los mercados de compromiso de pago.
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Elementos como las transacciones de única vez, las vigencias futuras y las anclas de deuda harían parte de esa revisión, de acuerdo con el ministro, junto con otros que se encuentra identificando el equipo técnico de la entidad.
“Para el CARF una caída intempestiva en el recaudo, como la de 2024, no es una transacción de única vez, para nosotros sí, tenemos todos los argumentos técnicos para decirlo”, aseguró.
Sin embargo, recordó que, por tratarse de una norma de nivel constitucional, cualquier modificación debe ser votada en el Congreso de la República y obtener mayorías. “Nosotros, hoy, en enero, después de lo que pasó en diciembre, no tenemos una fuerza política en el Congreso para sugerir cambios y creo que mete mucho más ruido hacerla en un momento de presión fiscal”, aseguró.
En consecuencia, anticipó que puede que el Gobierno anuncie que sí se cumplió la Regla Fiscal, pero el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) diga que no.
De hecho, hoy la entidad publicará un decreto de aplazamiento por $12 billones en línea con el compromiso fiscal, de los cuales 2/3 corresponden a presupuesto de funcionamiento, por lo que podría conllevar “un choque para algunos contratistas”. Y dio un parte de tranquilidad en lo referente a las vigencias futuras, pues aseguró que estas se respetarán y que solo se aplazaron algunas por coyuntura, como Mulaló-Loboguerrero y Regiotram.
“La sostenibilidad fiscal es fundamental, estamos comprometidos con la Regla Fiscal porque es la ley de la República, pero es no implica que uno no pueda revisar algunos puntos del debate”, concluyó el ministro en relación con las revisiones que desde el Gobierno se han propuesto.
Sobre las cuentas fiscales, Guevara destacó que en el presupuesto de este año quedaron $112 billones al servicio de la deuda, mientras que para inversión serán $74 billones, después del aplazamiento. “Eso casi nunca se había visto y lo que muestra es el pago juicioso de las obligaciones. El presidente siempre tiene en su cabeza que el pago de la deuda es una obligación constitucional, eso muestra esa garantía, pues el año pasado se pagó toda la deuda, pero no a los firmantes de paz”.
El ministro también puso en duda que este año el Gobierno presente una reforma tributaria, una posibilidad que se venía discutiendo. “No sé si tengamos espacio para una reforma con el Congreso con los cambios que estamos haciendo por el Catatumbo, a título personal no lo veo. De todas formas, será lo que iremos revisando”, dijo.
En cambio, confirmó que hoy deben salir los decretos puntuales sobre las medidas que se tomarán en el marco de la declaratoria de conmoción interior, por cuenta de la situación en el Catatumbo, como el que levanta la exención del IVA a los juegos virtuales de suerte y azar y, posiblemente, un impuesto de timbre, por ser los que se pueden recaudar en esta misma vigencia.
Finalmente, explicó que para 2025 el Gobierno tiene proyecciones macroeconómicas positivas en variables como el crecimiento económico, el desempleo y la inflación. De hecho, se mantienen en que esta llegará al rango meta de entre el 2 % y el 4 % este año, incluso si lo hace más lento de lo calculado inicialmente.
“Quizá un poco el ruido externo, la llegada de Trump y demás, más las señales del episodio de ayer, seguramente van a llevar al Banco central a una política un poco más prudente. Ellos ya me lo habían anticipado en la última junta de diciembre, que la prudencia en la tasa de interés más que por los temas inflacionarios tenía que ver con los episodios de Brasil, algunos capital flights, y quizá esa va a ser un poco la tendencia que tendremos que analizar para esta junta”, dijo.
Sobre las relaciones con Estados Unidos llamó a manejar la situación con calma y destacó que “al final ha primado la sensatez”. Luego dijo que la relación con el país norteamericano tiene una gran implicación para la sostenibilidad macroeconómica de Colombia, tanto como la sostenibilidad fiscal o la independencia del Banco de la República.
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