El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, escribió este domingo en su columna del diario El Tiempo una reflexión en la que asegura que la deuda pública debe mirarse más allá de la óptica crediticia.
“La deuda pública es concebida como compromisos crediticios internos y externos. Esta idea obedece a un enfoque estrictamente financiero que deja por fuera otros compromisos –no crediticios– que también son deuda y que terminan limitando la inversión pública”, introdujo el jefe de la cartera.
Bonilla reconoció que la economía colombiana ha demostrado históricamente “un crecimiento irregular, poca capacidad para generar nuevos ingresos y alta dependencia de la deuda para pagar las crisis. El ejemplo más reciente que conjuga lo anterior es la pandemia, donde la economía decreció -7,2 % en 2020, pero al año siguiente creció 10,8 %”.
Este salto -dijo- se logró gracias al aumento de la deuda, “que pasó de 48 % a 61 % del PIB, lo cual quiere decir que parte de la crisis del covid-19 costó cerca de $200 billones, es decir, diez reformas tributarias; pero, estos recursos no se destinaron a la inversión para generar más ingresos y su pago fue contratado en muy corto plazo (2024-2025)”.
Antes de la pandemia el cupo de endeudamiento estaba en US$ 56.000 millones y en 2020 se autorizó aumentarlo a US$ 70.000 millones.
“Sin embargo, la declaración de la emergencia económica autohabilitó al gobierno de turno para adquirir más deuda y contrató US$ 12.000 millones por fuera del cupo autorizado. En otras palabras, esta operación aumentó la deuda a US$ 82.000 millones, pero el cupo seguía siendo US$ 70.000 millones”, expuso Bonilla.
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A su juicio, en esto el problema radica “en que se deben apropiar recursos para pagar tanto la deuda del cupo como la que está por fuera de él, sabiendo que los pagos de esta última no liberan espacio de endeudamiento”.
Más sobre la deuda pública en Colombia, según Bonilla
De acuerdo con el ministro Bonilla otra situación es la deuda no crediticia, en la que cita como ejemplo el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).
En 2020 los precios de gasolina y ACPM bajaron y se mantuvieron congelados, rompiendo la práctica de ajuste mensual. “El Gobierno no se atrevió a volver a ajustar precios, incluso viendo cómo crecía el déficit del FEPC, que en 2021 fue $11 billones, en 2022 subió a $37 billones y en 2023 bajó a $20 billones gracias al aumento del precio de la gasolina”.
Bonilla resalta, haciendo alusión a este caso, que el déficit de FEPC es una deuda no crediticia que se paga con el presupuesto de la Nación.
“Entre 2021 y 2024 se han pagado $69 billones y entre 2021 y 2022 se aprobaron dos reformas tributarias que recaudaron menos que eso, quiere decir que el FEPC se ha llevado el recaudo de las reformas y más. Algo parecido ocurre con la opción tarifaria de energía, aunque todavía es una deuda entre usuarios y comercializadoras, pero podría pasar a la Nación en algún momento”, relató el ministro en su columna.
Finalmente, concluyó que en casos como el de Japón se puede decir que subir la deuda no es problema si se generan inversiones e ingresos para pagarla, “el problema se presenta cuando aumenta y se debe pagar con el mismo ingreso de siempre y muy rápido (caso Colombia). Esto genera asfixia fiscal y presiona bastante el presupuesto, especialmente los recursos de inversión”.
