De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), las mineras de Colombia y la industria enfrentan duros momentos, esto luego de los datos más recientes del DANE, en los que se evidenció que el sector minero cayó un 8,1 % en el segundo trimestre de 2024, acumulando una disminución del 6,7 % en comparación con el año anterior.
Esta caída golpea a todos los renglones del sector, el carbón, minerales metálicos y no metálicos y evidenciarían el efecto de las medidas dictadas por el Gobierno Nacional que “están asfixiando a una industria vital para el país”.
Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), “esta disminución en la actividad de las mineras de Colombia no es casualidad si no producto de la estigmatización y señalamiento durante los dos últimos años y de las iniciativas regulatorias que hoy existen. Leyes y decretos que alejan la inversión, generar dudas sobre la participación privada, y sobre el futuro del sector”.
Indicó que “igualmente, se debe al incremento de la inseguridad en el territorio que afecta las operaciones mineras con bloqueos y al desbordado crecimiento de la extracción ilícita. La caída no se debe a una menor demanda mundial del carbón y otros minerales”.
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Según la ACM, el panorama internacional muestra una realidad diferente a lo planteado por el Gobierno y el DANE: El consumo de carbón en el mundo está creciendo.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda global de carbón en 2024 está creciendo un 1 % frente a 2023, año que ya había marcado un récord histórico de 8.700 millones de toneladas que representa un 2,6 % más que el consumo mundial de 2022.
“La caída en la producción de carbón en Colombia no es por falta de demanda, sino por las condiciones adversas que enfrentamos en el país”, precisó Nariño.
Este escenario no solo impacta a las empresas, sino también a las comunidades que dependen de la minería para su sustento, manifestó el líder gremial.
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“La situación es alarmante para las finanzas del Estado y la sostenibilidad económica del país, ya que la minería es una actividad de interés social y utilidad pública que contribuye significativamente a las finanzas nacionales. “Estamos hablando de miles de empleos y del bienestar de muchas regiones. No podemos permitir que una industria tan crucial continúe en este camino de incertidumbre,” concluyó Nariño.
