A través de la resolución 052 del Ministerio de Agricultura, publicada el pasado 25 de marzo, se establecieron facultades a la entidad para ejercer funciones de vigilancia sobre los gremios del sector, hecho que ha causado el rechazo público de varios de ellos.
En una aclaración sobre el tema, la cartera explicó que, en el año 2013, mediante el Decreto 1985 que modificó la estructura del Ministerio, se le asignaron funciones para ejercer control y vigilancia sobre estas organizaciones gremiales agropecuarias, así como de asociaciones campesinas.
No obstante, en ese entonces el Consejo de Estado determinó su no aplicabilidad por inconstitucionalidad dado que la materia debía ser regulada por vía legislativa.
Más adelante, reiteró la entidad, el Congreso aprobó la Ley 2219 del 30 de junio del 2022, sancionada por el entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez, que dejaba en firme las facultades anteriormente descritas sobre esos actores.
“Allí se definió que se entendería como asociación campesina aquella organización de carácter privado, sin ánimo de lucro constituida o que se constituya por campesinos; y como asociación agropecuaria a una “persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por pequeños o medianos productores…”, dijo el MinAgricultura.
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Y agregó que el proyecto de resolución fue publicado en dos ocasiones por el canal oficial dispuesto para ello “(en la plataforma SECOP) del 29 de noviembre al 14 de diciembre de 2024, y del 31 de enero al 5 de febrero de 2025, garantizando la publicidad y participación de la ciudadanía y brindado respuesta y aclaraciones oportunas a estas”.
¿Qué dicen los gremios sobre la medida?
A diferencia de la postura del Gobierno, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) cuestionó la legitimidad de la medida y manifestó su desacuerdo con la expedición de esta resolución.
“Con esto el Ministerio va más allá de lo que le permite hacer la Constitución y la ley, al incluir sanciones y medidas que solo pueden ser definidas por el Congreso. Esta extralimitación administrativa abre la puerta a decisiones arbitrarias que le permitirán ordenar la modificación de estatutos, suspender la personería jurídica e, incluso, llegar a cancelarla, remover representantes legales o designar administradores temporales”, expuso la agremiación.
Para la SAC, esta medida vulnera el derecho fundamental a la libertad de asociación, “al permitir una intervención indebida en la autonomía de las asociaciones, en contravía de los artículos 38 y 39 de la Constitución y de tratados internacionales”.
Sumado a esto, el gremio expone que la resolución además de desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “es contraria a la Ley 2219 de 2022, que en su artículo 7 prohíbe al Ministerio intervenir en asuntos autónomos e internos de las asociaciones”.
“Exigimos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que modifique la resolución 052 de 2025 y que ejerza sus funciones en el marco de la Ley y de la Constitución y que en cumplimiento de esta última respete, proteja y garantice los derechos fundamentales de quienes libremente deciden asociarse”, señaló Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC.
Previo a las declaraciones de la SAC, cabe mencionar que el Consejo Gremial -y sus 33 afiliados- ya se habían pronunciado sobre el tema asegurando que la resolución implicaba una “grave extralimitación de funciones y una amenaza directa a la libertad de asociación y la autonomía gremial”.
“La Constitución Política, en sus artículos 38 y 39, consagra el derecho de los ciudadanos a asociarse libremente sin injerencias indebidas del Estado. Esta norma desconoce dicho mandato y abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre entidades privadas, otorgando al Gobierno la facultad de controlar y solicitar información financiera a gremios independientes, remover administradores y representantes legales de las asociaciones e interpretar los estatutos gremiales a su conveniencia”, cuestionó.
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