La Concesionaria Vial al Mar (Covimar), que tiene a cargo la megavía Mulaló – Loboguerrero en el Valle del Cauca, volvió a abrir la puerta para liquidar el contrato de concesión que se firmó hace 10 años, pero que no ha podido ejecutarse.
En un comunicado, la compañía de Corficolombiana y Grupo Aval dijo que llegó a un acuerdo con la ANI y el Ministerio de Transporte para “tratar de conciliar” su terminación.
La idea de los privados es llegar a un pacto en el marco de un tribunal de arbitramento que está en marcha y que busca saldar las diferencias entre las partes.
Incluso, Covimar le planteó al Gobierno que los recursos girados por la Nación en los últimos años para la megavía Mulaló – Loboguerrero (que están en una fiducia) sean usados para construir la carretera con otro contratista.
La cifra no es menor: se trata de $2,2 billones que están en un patrimonio autónomo y que podrían usarse para ejecutar estas obras o cualquier otro proyecto de infraestructura del país.
Lo anterior, teniendo en cuenta que ninguno de estos recursos ha sido entregado a Covimar ni esta se ha lucrado de los mismos.
En su lugar, la concesionaria asegura que ha aportado recursos propios por un monto considerable para pagos de personal, procesos de licencia ambiental y de consulta previa, así como para la compra de predios en la zona de influencia.
Por todo lo anterior, dijo que “reafirma su compromiso para alcanzar acuerdos que permitan la ejecución del proyecto de la manera más beneficiosa para los intereses del Estado y el bienestar general del país”.
¿Por qué nunca se construyó la megavía Mulaló – Loboguerro?
La historia de la megavía Mulaló – Loboguerrero es sui generis. De hecho, esta es apenas una de las dos o tres concesiones de cuarta generación (4G) que no logró avances en su construcción.
Según Covimar, esto se debió a “razones fuera de su control”, como “la continua oposición de algunas comunidades al trazado del proyecto (…) y porque la licencia ambiental requerida para ejecutar el proyecto tardó más de seis años en ser otorgada”.
Esto último fue determinante para que el contrato no se pudiera ejecutar, sobre todo porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solo dio su visto bueno en 2021. Es decir, seis años después de haberse firmado la concesión.
La situación fue de tal magnitud que un panel definió que la demora para obtener este permiso “causó significativos retrasos en la ejecución del proyecto”.
Por todo lo anterior, la concesionaria de Corficolombiana demandó al Estado ante un tribunal de arbitramento, argumentando que había un desequilibrio del contrato y, por ende, se hacía necesario el aporte de recursos adicionales por parte de la ANI.
Sin embargo, en 2022, el Ministerio de Hacienda le expresó la imposibilidad de aportar estos recursos para la ejecución de la obra, dejándola nuevamente en el limbo.
El primer laudo y la nueva demanda
Posteriormente, en abril de 2023, se expidió un laudo que negó la terminación anticipada del contrato y señaló que lo mejor para las partes era llegar a acuerdos y retomar la construcción de la megavía Mulaló – Loboguerrero.
Sin embargo, la parte privada optó por presentar una nueva demanda, “ante la indefinición por parte de la ANI.
Con esto, buscó el nuevo tribunal ordenará el restablecimiento de la ecuación económica del contrato. Pero, de no ser posible, que declarara su terminación anticipada.
Este proceso sigue en curso, pero mientras no haya una resolución, la megavía en el Valle del Cauca -que es clave para la movilidad hacia el puerto de Buenaventura- seguirá sin poderse construir.
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