La Procuraduría General de la Nación anunció que tomará medidas para abordar la desarticulación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, situación que se evidenció luego de la mesa de trabajo convocada para revisar el trámite de licencia ambiental para la perforación del pozo Komodo-1 de Ecopetrol, para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera).
Tras una revisión exhaustiva, el ente de control también encontró deficiencias significativas en el procedimiento administrativo del trámite de licencia ambiental, especialmente frente a la convocatoria y funcionamiento del Comité Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en proyectos considerados como críticos y quien es la autoridad encargada de tomar decisiones y hacer recomendaciones sobre la licencia ambiental en cuestión.
Asimismo, Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios confirmó que intervendrá directamente en el trámite de la licencia ambiental para asegurar el cumplimiento de los procedimientos regulatorios adecuados, solicitando la revocatoria directa de la decisión de suspender el trámite de la licencia, buscando así garantizar una resolución oportuna y conforme a la normativa vigente.
“Este proyecto de Komodo tiene una inversión social prevista de $7.000 millones, que termina postergada, aplazada. Implica el incumplimiento de las metas en nuevos pozos exploratorios, que eran 40 pozos los planteados en Colombia durante el año 2024.” citó el delegado Guerrero.
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También precisó que se establecerá una mesa de trabajo permanente compuesta por representantes de los sectores de minas y energía, ambiente, y otros; con el fin de mejorar la coordinación y la gestión entre los sectores involucrados, facilitar el diálogo y la cooperación que permita resolver las disfunciones en el proceso de licenciamiento, experiencia similar a la que ya existe en el sector energético.
“Es importante recordar que Ecopetrol es socio de este proyecto tiene el 40 % del mismo en un contrato de exploración y producción y que ya ha invertido US$35 millones en las actividades preparatorias de las actividades exploratorias una suma y una inversión del Estado, el patrimonio de los colombianos, que podría ponerse en riesgo.” expresó el procurador ambiental.
¿Por qué si hay déficit de gas en el país, sigue suspendido trámite de licencia ambiental para explorar el único pozo en el mar?
La Procuraduría General de la Nación le reiteró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la urgencia y pertinencia de tomar decisiones oportunas acerca de la licencia ambiental para adelantar el proyecto denominado “perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1 Caribe colombiano”, teniendo en cuenta que dicho trámite se encuentra suspendido desde hace más de un mes.
Refirió el ente de control que, el 23 de agosto de 2024, se cumplió la fecha límite para tomar las disposiciones necesarias para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera), por lo que convocó a todos los actores involucrados a una mesa de trabajo de carácter urgente, con el fin de entender con mayor claridad la situación e inquietudes que se generan, así como las consecuencias para la seguridad energética del país de presentarse retrasos en el proyecto.
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Asimismo, luego del estudio del expediente, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios expresó sus inquietudes respecto a la gestión y avance del proceso de licenciamiento, particularmente en relación con la planificación, la disponibilidad de recursos críticos y de equipos para la ejecución del proyecto; especialmente en cuanto a la embarcación de perforación Valaris DS-16, ya que su confirmación es esencial para no afectar la programación 2025 y para no generar incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energías, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia, la Asociación Colombiana de Gas Natural y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas fueron convocados por el Ministerio Público, a quienes también les requirió información sobre el proyecto en jurisdicción de las capitanías de puerto de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta.
