El presidente de Colombia, Gustavo Petro convocó a marchas para este 27 de septiembre, con el fin de que los ciudadanos respalden las reformas en curso en el Congreso y a su Gobierno.
En Bogotá, más de 10.000 indígenas han llegado para unirse a las manifestaciones, y el Ejecutivo, junto con organizaciones como la CUT y Fecode, ha instado a los ciudadanos a salir en las principales ciudades del país.
Se espera que Bogotá acoja a ciudadanos, sindicatos, centrales obreras y la minga indígena que viene de regiones como La Guajira, el Catatumbo, Amazonas, Putumayo y otras áreas.
Según Lilia Solano, viceministra para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, unas 16.000 personas estarían en las marchas de este 27 de septiembre en Bogotá, con una estimación de más de 100.000 en todo el país.
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Las marchas de Petro este 27 de septiembre: un golpe a la opinión pública
Además, estas marchas son vistas como una intención del Gobierno Petro de mirar qué tanto respaldo mantiene, a pesar de que las encuestas indican un aumento en su desaprobación, alcanzando un máximo del 63 % desde el inicio de su mandato.
Carlos Arias, experto en comunicación política y profesor en la Universidad Javeeriana, hizo hincapié en las marchas al señalar el presidente no ha comprendido que las reformas se aprueban en el Congreso y que la verdadera deliberación ocurre en las comisiones.
«A pesar de la persistente presión de la opinión pública y la movilización de muchos indígenas, financiados para venir a Bogotá y participar en diversas protestas, el escenario clave para el debate sigue siendo las comisiones. Hasta que el presidente no comprenda la necesidad de ceder en ciertos puntos de controversia, no habrá avances significativos», afirmó.
Y añadió: «Estas marchas parecen destinadas a satisfacer el ego del presidente y a influir en cierta medida en las encuestas de opinión. Son un intento de controlar la percepción pública frente a los medios de comunicación, y el apoyo de la gente de a pie. Estas marchas resultan, además, ser costosas».
Y es que, según cálculos de El Espectador, y datos de la empresa logística de la presidencia, Plaza Mayor, el contrato para el concierto que acompañará las marchas en la Plaza de Bolívar tiene un valor de $263 millones, que se pagarán en una única cuota a 30 días.
Yann Basset, analista político, coincide con Arias y dice que el hecho de tratar de ponerlo en la calle no se ve bien, “la efectividad es nula y contra productiva”, dice Basseet.
Para el analista, es difícil que los congresistas cambien de opinión sobre las reformas porque hay movilizaciones, y que al contrario se ve mal, “lo que esperan los congresistas es concertación, y el verdadero escenario es el Congreso”, añade Basset.
“Las marchas son un escenario donde el presidente se siente cómodo, le gusta, pero eso no significa que le sirva”, dice Yann.
Por otra parte, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario y máster en ciencia política, dice que el Gobierno tiene una capacidad de convocar a mucha gente a la calle y compensa el mal resultado de su imagen en las encuestas. Respecto a su efecto en el Congreso de la reforma, “la efectividad solo la veremos en los próximos meses, en la medida en cómo el Congreso interpreta estas manifestaciones como genuinas y no como una manera de chantaje por parte del Gobierno”, dice Jaramillo.
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