El Consejo de Estado rechazó la demanda interpuesta contra la elección de Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia para el periodo 2024-2027 y ratificó la validez de su nombramiento.
La acción legal fue presentada por el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien acusó a Rendón de haber incurrido en actos de violencia psicológica durante la campaña electoral.
Pérez argumentó que Rendón lo habría vinculado de forma reiterada con figuras como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, generando, según él, una percepción negativa en los votantes.
Según él, las declaraciones difundidas a través de redes sociales y otros medios, habrían afectado su imagen y su desempeño en las urnas. Pérez quedó en segundo lugar y buscaba que se anulara la credencial electoral de Rendón y se convocaran nuevas elecciones.
Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que no existían pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de Pérez.
La Procuraduría General de la Nación, en un concepto presentado durante el proceso, también había solicitado desestimar la demanda, señalando que los argumentos carecían de evidencia sólida que demostrara una influencia directa en los votantes o un impacto significativo en el resultado electoral.
En su fallo, el tribunal declaró: “Negar las pretensiones de las demandas contra el acto de elección del señor Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia para el periodo 2024-2027, conforme con las consideraciones de la presente decisión”.
De esta manera, se confirmó a Rendón como el mandatario legítimo del departamento, cerrando el capítulo de impugnaciones legales sobre su elección.
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Nuevo proceso en contra del gobernador de Antioquia
Ahora bien, por otro lado, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a través de sus redes sociales su intención de impulsar un proceso de revocatoria contra el gobernador de Antioquia, así como contra varios alcaldes del departamento.
La declaración de Quintero surge en respuesta a la propuesta presentada por Rendón ante la Asamblea Departamental, que busca implementar un impuesto de seguridad.
Esta medida implicaría que algunos ciudadanos paguen un monto adicional en la factura de energía para financiar la logística de la fuerza pública.
La iniciativa cuenta con el respaldo de cien alcaldes de Antioquia, quienes han solicitado a los diputados departamentales su aprobación.
Frente a esto, Quintero expresó: «Prometo que, si aprueban la propuesta del gobernador de Antioquia de incrementar los costos de los servicios públicos, iniciaré una revocatoria contra él y contra cada uno de los 100 alcaldes que apoyaron esta iniciativa».
