La Comisión Económica para América Latina (Cepal) presentó este jueves un informe sobre las consideraciones para impulsar la explotación del litio en la región.
Vale recordar que este mineral está experimentando una alta demanda a nivel mundial debido a sus principales usos en torno a la transición energética como, por ejemplo, las baterías de iones, que utilizan los vehículos de movilidad eléctrica.
En América Latina, las regiones del norte de Argentina y Chile junto con el suroeste de Bolivia, que se conocen como “el triángulo del litio”, concentra los principales yacimientos del mineral en la región.
Estos tres países representan el 56 % de los recursos identificados en el mundo, mientras que, si suman Brasil, México y Perú, la región concentraría el 60 % de los minerales.
Al tiempo, al hablar de la participación, América Latina sostiene el 52 % de las reservas mundiales. Sin embargo, al analizar los países de manera individual, se observa un desbalance, ya que Chile explica por sí solo un 41 % de las reservas mundiales y Argentina casi un 10 %.
¿Qué propone la Cepal para avanzar en la explotación del litio en América Latina?
El organismo económico para América Latina destacó el potencial que tiene la región en la participación y desarrollo en la industria del litio, pero remarcó que se necesita una estrategia común para un óptimo desarrollo.
“Si bien los regímenes de gobernanza del recurso adoptados en cada uno de los países de la región difieren profundamente, este documento formula un conjunto no exhaustivo de directrices de política orientadas a mejorar el potencial de la región”, señaló la nota de prensa de la Cepal.
Así, la línea editorial por el que va la propuesta de la Cepal enmarca iniciativas en cooperación e integración regional, sostenibilidad ambiental y social e ingresos fiscales e inversión pública y privada.
Recomendado: Cepal lanzó recomendaciones para los gobiernos de América Latina en 2023: estas son sus apuestas
Entre las propuestas de la Cepal se encuentra una armonización regulatoria entre los países, así como asegurar la capacidad del Estado para la fiscalización de regulaciones y estándares para evitar controversias o conflictos.
También se promueve el intercambio de prácticas entre los países en materia de regulaciones o estándares ambientales; la unión de sinergias y la industrialización de las cadenas regionales de valor.
