El representante a la Cámara, Carlos Ardila Espinoza, radicó este martes el informe de ponencia para el octavo y último debate del proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), el cual podría discutirse la próxima semana en la plenaria de la corporación.
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“Este acto legislativo es un paso crucial para honrar el espíritu de la Constitución de 1991, devolviendo a los territorios la capacidad de decidir sobre su desarrollo y afrontar los retos locales con recursos suficientes. Nuestro objetivo es garantizar que ningún colombiano quede atrás, sin importar su lugar de origen”, afirmó Ardila.
El proyecto, que tiene solo tres artículos, llega con dos modificaciones clave respecto a la primera versión: el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se asignarían cada año al SGP (39,5 %) y el periodo de transición para alcanzar dicha meta (12 años).
Actualmente, el porcentaje ronda el 22 %, la Constitución de 1991 se propuso que llegara al 46,5 % en un periodo de 10 años, pero nunca se materializó. Con el proyecto, la transición hacia el aumento empezaría en 2027, con un 31 %, para llegar al 39,5 % en 2038.
El proyecto original proponía una participación del 46,5 %, el representante Carlos Ardila recordó que después de varias discusiones con los técnicos del ministerio de Hacienda y analistas independientes definieron un valor “responsable y consistente con el espacio fiscal que tenemos en el país”.
También se incluyó de manera explícita y puntual, a manera de salvaguarda, el respeto al Marco Fiscal de Mediano Plazo como un parte de tranquilidad para quienes advirtieron que la nueva ley podría llevar el Estado a la quiebra e incluso provocar que se incumpliera la Regla Fiscal.
Lo que se mantiene sin cambios, a pesar de que en el último debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sí se había ajustado es el plazo que tiene el Gobierno a partir de la promulgación de la ley para presentarle al Congreso una propuesta de reglamentación de los criterios de distribución de los recursos o ley de competencias (6 meses).
“Reiteramos que no hay competencia si no hay recurso y no hay recurso si no hay competencia. Se transferirán los recursos en la medida en que enviemos las competencias”, detalló Ardila.
El objetivo del proyecto es devolver a las entidades territoriales la capacidad de liderar su desarrollo económico y social, fortaleciendo su autonomía y garantizando una distribución equitativa de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).
Desde su radicación, la propuesta está respaldada en la premisa de que los niveles de desarrollo difieren mucho entre regiones y, por ende, la incidencia de la pobreza en ellas, también en la consideración de que en Colombia está pendiente una reforma territorial.
Además de promover esta descentralización fiscal y administrativa, el articulado le apunta a un cierre de brechas al reducir desigualdades regionales, con un enfoque especial en sectores clave como educación, salud y servicios básicos.
Conozca la ponencia para el octavo debate haciendo clic acá.
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