La ley ferroviaria del gobierno de Gustavo Petro dio un importante paso al cierre de 2024: fue aprobada en el primero de sus cuatro debates y logró sobrevivir al cambio de año.
El proyecto, que fue radicado por segunda vez en septiembre de este año, busca responder a la reactivación de este modo de transporte, con el fin de mejorar la competitividad del sector y el país.
El articulado adopta medidas que faciliten y viabilicen la construcción, mantenimiento y operación de una infraestructura ferroviaria moderna, que conecte los centros de producción con los puertos y regiones de consumo.
Solo en el último año, el transporte férreo ha duplicado su capacidad de movilización en corredores como La Dorada – Chiriguaná, que pasó de mover 80.000 toneladas a 189.000.
“Celebramos el primer debate de la Ley Férrea en la Comisión Sexta del Senado. Esta es una apuesta estratégica para reactivar y modernizar nuestra red ferroviaria, que solo opera al 31 % de su capacidad”, dijo la ministra de Transporte, María Constanza García.
Así es la ley ferroviaria del gobierno Petro
La ley ferroviaria del gobierno Petro fue elaborada y actualizada con las necesidades normativas y visión a largo plazo definida en el Plan Maestro Férreo y Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.
Además, propone modificar el tiempo en las concesiones APP férreas, lo que facilitará los cierres financieros y garantizará mayores inversiones. Según datos del proyecto, estos contratos podrán tener una duración de hasta 60 años, es decir, el doble de lo que se tiene hoy en día para carreteras.
El MinTransporte también indicó que la iniciativa establece lineamientos técnicos que promueven la integración del sistema con otros modos de transporte, creando una red logística eficiente y sostenible.
Igualmente, propone incentivos tributarios para fomentar el desarrollo ferroviario, lo cual también está representado en un marco jurídico a la altura de los retos del siglo XXI.
Por otra parte, la ley habilita a las entidades territoriales para gestionar proyectos férreos que se integren con la red nacional, mejorando la conectividad entre regiones.
Estos y otros puntos se seguirán discutiendo desde febrero de 2025, cuando el Congreso retome las sesiones ordinarias de la actual legislatura. Al proyecto le faltan tres debates para ser avalado.
